Desde el 31-10-2012, el procedimiento para la extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor es el establecido a continuación. A los procedimientos iniciados con anterioridad al 31-10-2012 (entrada en vigor de este RD 1483/2012), pero con posterioridad al 12-2-2012, les es de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio.
La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y suspensión de los contratos de trabajo o de la reducción de jornada, debe ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto a continuación.
La autoridad laboral competente se determina conforme a lo establecido en el nº 2423 Memento Social 2012.
El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.
La autoridad laboral competente ha de recabar, con carácter preceptivo, informe de la ITSS y realizar o solicitar cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables, dictando resolución en el plazo máximo de 5 días a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los aportados por la empresa en su solicitud, se da a ésta y a los representantes legales de los trabajadores el oportuno trámite de audiencia, que debe realizarse en el término de un día.
La resolución de la autoridad laboral debe limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos o la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que van a surtir efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa debe dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.
En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor alegada, se puede iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo o de suspensión de contratos o reducción de jornada.
Sin perjuicio de lo anterior, la resolución de la autoridad laboral que no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa puede ser impugnada por el empresario ante la jurisdicción social.
Los trabajadores pueden impugnar la decisión empresarial sobre la extinción de contratos o las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada en los términos establecidos en los nº 2492 y 2516 Memento Social 2012.
NOTA
Queda derogado el RD 801/2011 y la OM ESS/487/2012
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