Se impone a la consejería competente en materia de política territorial la obligación de crear un Registro de Planeamiento de Canarias, configurado como base de datos accesible al público, que contenga, de forma unitaria y actualizada, la documentación íntegra de todos los instrumentos de ordenación vigentes del sistema de planeamiento de Canarias, con independencia de la Administración que los haya aprobado.
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