Las cantidades abonadas por la Administración por daños y perjuicios consecuencia de la declaración del estado de alarma no forman parte de la base imponible, ya que se consideran como indemnizaciones.
El arrendatario no está obligado a retener o ingresar a cuenta desde el momento en que reciba del arrendador la certificación, con independencia de su fecha de emisión.
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