Ministerio de Hacienda

A esta finalidad responde, en el seno de las Delegaciones Especiales de Economía y Hacienda, la integración en la estructura de las Gerencias Regionales del Catastro de las denominadas Unidades Técnico-facultativas, que ejercen funciones técnicas relativas a la gestión patrimonial de los inmuebles de titularidad estatal bajo la dependencia funcional de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Desde el punto de vista de la racionalización de estructuras, también se procede a la supresión de cuatro Subgerencias Territoriales del Catastro, ubicadas en las sedes de Cartagena, Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo de la respectiva Delegación de Economía y Hacienda, que continuarán prestando sus servicios como unidades locales una vez se ha producido la plena centralización de los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro.
En segundo lugar, se modifica la estructura interna de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con una doble finalidad: potenciar los procesos de integración de todas las áreas e impulsar la lucha contra el fraude. Para ello, por un lado, se crea la Oficina Nacional de Contabilidad, en la que se integrarán todas las funciones y áreas contables de la IGAE, y por otro lado se crea el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Este Servicio tiene por finalidad canalizar las relaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ante todas las autoridades nacionales con competencias en la materia.
En tercer lugar, se lleva a cabo un cambio estructural y orgánico en la política de tecnologías de la información y de comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, reforzando la estructura de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que pasa a integrarse orgánicamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, asumiendo este departamento la función de impulso del proceso de racionalización de la política de tecnologías de la información y comunicaciones.
Por último, se revisan y actualizan las funciones encomendadas a varios órganos directivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

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