Si tras una resolución que da la razón al contribuyente, en una regularización por operaciones vinculadas, la Administración únicamente impugna la que perjudica a este, en aplicación del principio de buena Administración la resolución que la esta dejó firme (no recurrida) debe determinar el criterio a seguir en las operaciones vinculadas.
Corresponde a la Administración probar la simulación alegada, para lo cual debe acreditar que el contrato presuntamente simulado constituye una declaración deliberadamente disconforme con la auténtica voluntad de las partes con la finalidad de ocultación a terceros, en este caso, la Agencia tributaria.
La prohibición de transmisión a los sucesores de personas físicas de las sanciones impide exigir al heredero de quien fuera socio de una sociedad disuelta y liquidada, el pago de la sanción impuesta a dicha sociedad, aun cuando la cuantía de la sanción se comprenda dentro del límite de la cuota de liquidación del causante.
De acuerdo con la normativa vigente, es conforme a derecho que la entidad colaboradora rechace una transferencia cuando no coincide el importe de esta con el de la autoliquidación. No obstante, no se ajusta a la normativa que la AEAT no permita obtener una carta de pago por importe inferior al autoliquidado para hacer el correspondiente pago por transferencia.
La anulación por sentencia judicial firme de una declaración de responsabilidad solidaria, por no reunir el responsable los requisitos para ello, no surte efectos interruptivos de la prescripción respecto a quien, posteriormente, es objeto de un procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria.
Para que una comprobación limitada previa produzca el efecto preclusivo es necesario que exista una resolución expresa que se refiera al mismo ámbito temporal que haya sido comprobado, independientemente de que se regularicen bases imponibles pendientes provenientes de un mismo ejercicio.
El Tribunal Supremo anula una sanción tributaria basada en indicios tras una absolución penal por falsedad documental
La expedición de facturas que no reflejan operaciones reales justifica su consideración como facturas falsas, al ser calificada la conducta del obligado tributario como culpable, lo cual justifica la motivación del acuerdo sancionador.
Una vez interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación formulada ante el TEAC, este puede dictar resolución expresa declarando la inadmisibilidad de la reclamación si la misma se ha interpuesto de forma extemporánea. El juez sólo puede examinar el fondo del asunto si determina que la declaración de inadmisibilidad no es ajustada a derecho.
Se ha reformado la organización de la Administración de Justicia, mediante la creación de los Tribunales de Instancia y el Tribunal Central de Instancia.
