Una vez determinada la calificación jurídica, la Administración no puede mutarla, sin un cambio en las circunstancias, por ver rechazada su pretensión de aplicar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria
Con fecha 2-12-2024, se reanudan los plazos procesales en la provincia de Valencia. Además, se amplían plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos.
Las ayudas obtenidas como consecuencia de la DANA contenidas en el RDL 8/2024 se declaran inembargables. Se extiende la inembargabilidad de todas las ayudas obtenidas a los efectos de la LEC.
Para dictar la diligencia de embargo, la Administración debe haber cumplido su obligación de resolver expresamente el recurso de reposición contra la providencia de apremio, debiéndose entender cumplida esa obligación con el intento de notificación o con la puesta a disposición de la resolución.
Con efectos desde el 7-11-2024, se amplía el ámbito subjetivo de las medidas aplicables por la referida norma, así como su ámbito de aplicación.
Se amplían hasta el 30-1-2025 los plazos de presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones para obligados tributarios afectados por la DANA.
Para determinados obligados tributarios afectados por la DANA se extienden hasta el 5-2-2025 los vencimientos de los plazos de pago en período voluntario y ejecutivo, así como los vencimientos de los plazos de ingreso y de las fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, que no hayan concluido a fecha 7-11-2024.
Se amplían hasta el 30-1-2025 los plazos para contestar requerimientos, efectuar alegaciones y presentar recursos.
Para determinados obligados tributarios, el período que media entre el 28-10-2024 y el 30-1-2025 no computa a efectos del plazo máximo de duración de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT ni de recuperación de las ayudas de Estado.
Se desarrollan las especificaciones técnicas, funcionales y de contenido referidas en el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales.
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