Los pagos y embargos practicados con posterioridad a la declaración de responsabilidad pueden minorar el importe de la deuda derivada pero sin afectar a la validez del acuerdo de derivación.
El Tribunal Supremo establece como jurisprudencia que el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación del pago a los responsables solidarios no puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, salvo en aquellos casos en que la interrupción se dirija a quien previamente ha sido declarado responsable.
Con efectos desde el 23-8-2023, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos en este territorio y se deroga el D Asturias 80/2019, por el que se establecía la anterior estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda.
Al responsable se le deriva la responsabilidad de pago de una deuda, frente a la cual, y desde el mismo instante en que se le traslada, se le abre la oportunidad, no sólo de efectuar el pago en período voluntario, sino también de reaccionar frente a la propia derivación de responsabilidad, así como frente a la deuda cuya responsabilidad de pago se le exige.
Se aprueban el modelo 172 de declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales y el modelo 173 de declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
Con efectos 1-8-2023 se aprueba un nuevo reglamento de régimen jurídico y organizativo de las reclamaciones económico-administrativas que se susciten en el ámbito de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Madrid.
Se aprueba el modelo 721 de declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero estableciendo las condiciones y el procedimiento para su presentación.
Se aprueba la normativa que crea el Registro de Titularidades Reales, y como consecuencia, con efectos 19-9-2023 se modifica el procedimiento de identificación del titular real por parte de los sujetos obligados.
En el caso de que una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras por defectos formales, el plazo se computa desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución.
7 Solo se admite, por vía judicial, una única oportunidad a la Administración Tributaria de rectificar sus fallos, sustantivos o formales. La posibilidad de retrotraer las actuaciones del procedimiento para ejecutar debidamente una sentencia no puede conferir a la misma […]
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