La imposibilidad de poner a disposición del trabajador la indemnización requiere de una prueba adicional y específica, que acredite los problemas de liquidez y tesorería que impiden el pago de la suma indemnizatoria.
A raíz de la prórroga de los ERTE COVID-19, se mantiene también hasta el 31-3-2022, que la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada por COVID-19 no pueden ser justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
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