La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce el derecho que tienen todas las personas de vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible, sin contaminación y respetuoso hacia la salud, y a gozar de los recursos naturales y del paisaje terrestre y marino en condiciones de igualdad, realizando un uso responsable de los mismos. Junto a ello tienen el deber de protegerlo y mejorarlo para las generaciones presentes y futuras, así como soportar las limitaciones que tal protección puedan afectar a sus intereses.
Es necesario que los poderes públicos canarios garanticen la defensa y protección de la naturaleza, el medio ambiente, el paisaje y la biodiversidad ya sea en espacios terrestres como marinos. Para ello ha de establecer políticas de gestión, ordenación y mejora de su calidad, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, armonizándolas con las transformaciones que se produzcan por la evolución social, económica y ambiental, evitando la especulación urbanística sobre el territorio.
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos canarios.
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