Con independencia del tipo de monedero (hot o cold), las monedas virtuales situadas en el extranjero solo son objeto de declaración cuando están custodiadas por un tercero, es decir, personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar el control de los criptoactivos o sus claves en nombre del propio usuario.
Se modifica la Directiva europea sobre cooperación administativa en el ámbito de la fiscalidad, para potenciar y mejorar el intercambio de información e incluir en su ámbito de aplicación nuevas categorías de ingresos y activos, como los criptoactivos.
Las reglas procesales para la autorización judicial de entrada en domicilio constitucionalmente protegido y la doctrina legal vinculada -principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad de la media- resultan de aplicación para autorizar el copiado, precinto, captación, posesión o utilización de los datos contenidos en un ordenador, cuando la actividad se produce fuera del domicilio del comprobado y puede afectar al contenido de derechos fundamentales. Son extensibles a aquellas actuaciones administrativas que tengan por objeto el conocimiento, control y tratamiento de la información almacenada en dispositivos electrónicos.
Cuando su potestad no haya prescrito, la Administración puede reiterar con una nueva liquidación la primera que fue anulada por razones sustantivas, siempre que para ello no complete lo actuado ni lleve a cabo nuevas comprobaciones o requerimientos para integrar sus actuaciones -se trata de una ejecución-. El incumplimiento de esta limitación conlleva, según la Audiencia Nacional, la anulación de la nueva liquidación.
La DGT aclara la forma en que debe computarse el plazo para calcular este recargo.
Se publica el Acuerdo Multilateral entre Autoridades competentes sobre intercambio automático de información relativa a ingresos obtenidos a través de plataformas digitales, del que la Autoridad Competente del Reino de España pasa a considerarse signataria desde el 9-11-2022.
Se publica el Acuerdo Multilateral entre Autoridades competentes sobre intercambio automático de información relativa a los mecanismos de elusión del Estándar común de comunicación de información y las estructuras extraterritoriales opacas, del que la Autoridad Competente del Reino de España pasa a considerarse signataria desde el 9-11-2022.
Los pagos y embargos practicados con posterioridad a la declaración de responsabilidad pueden minorar el importe de la deuda derivada pero sin afectar a la validez del acuerdo de derivación.
El Tribunal Supremo establece como jurisprudencia que el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación del pago a los responsables solidarios no puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, salvo en aquellos casos en que la interrupción se dirija a quien previamente ha sido declarado responsable.
