Para limitar el alcance de la responsabilidad, la Administración puede aceptar la valoración que hayan dados las partes a los bienes ocultados o transmitidos, que debe entenderse neta de cargas y gravámenes. Esta valoración no puede modificarse de oficio por los tribunales económico-administrativos.
Las modificaciones que se produzcan en la relación jurídica entre deudor y tercero no habilitan a este último para cesar, de forma unilateral, en sus obligaciones de pago.
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