Entre las medidas de contingencia del Gobierno de España ante el Brexit está la cobertura de las necesidades de medios personales en el ámbito de los servicios públicos. Se han identificado como sectores de actividad más afectados, entre otros, los relacionados con el control fronterizo de personas, así como con el control aduanero y los servicios de inspección sanitaria exterior, tanto para la importación como para la exportación de mercancías. Otros sectores críticos son el control de la seguridad en el transporte de viajeros, las oficinas de extranjería y la atención a los ciudadanos británicos, así como las actividades de promoción de la internacionalización de las empresas españolas, o la actividad de la representación de España en el Reino Unido.
Por esta razón se aprueba una oferta de empleo público, correspondiente al año 2019, por la que se adelantarán las plazas necesarias para dar cobertura a las necesidades estructurales generadas por la salida del Reino Unido, en aquellos sectores que no puedan ser atendidos por otras vías de cobertura de puestos.
Esta oferta de empleo público aporta seguridad jurídica y transparencia, pues cuantifica las plazas a convocar, e indica los organismos y áreas de actividad en los que se convocarán esas plazas. Por tanto, no establece cargas administrativas y no implica una restricción de derechos de los particulares, sino que los garantiza. Se aborda pues, de forma específica y de acuerdo con la legislación vigente, una situación concreta e inédita, como son los efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que precisan de unas medidas muy específicas para adecuar los recursos humanos en los sectores más críticos.
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