Se modifica la Directiva europea sobre cooperación administativa en el ámbito de la fiscalidad, para potenciar y mejorar el intercambio de información e incluir en su ámbito de aplicación nuevas categorías de ingresos y activos, como los criptoactivos.
Las reglas procesales para la autorización judicial de entrada en domicilio constitucionalmente protegido y la doctrina legal vinculada -principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad de la media- resultan de aplicación para autorizar el copiado, precinto, captación, posesión o utilización de los datos contenidos en un ordenador, cuando la actividad se produce fuera del domicilio del comprobado y puede afectar al contenido de derechos fundamentales. Son extensibles a aquellas actuaciones administrativas que tengan por objeto el conocimiento, control y tratamiento de la información almacenada en dispositivos electrónicos.
Cuando su potestad no haya prescrito, la Administración puede reiterar con una nueva liquidación la primera que fue anulada por razones sustantivas, siempre que para ello no complete lo actuado ni lleve a cabo nuevas comprobaciones o requerimientos para integrar sus actuaciones -se trata de una ejecución-. El incumplimiento de esta limitación conlleva, según la Audiencia Nacional, la anulación de la nueva liquidación.
Se incluye dentro de la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero, y habrá que informar cuando se supere el umbral de los 50.000 euros, la cuenta que en moneda fiduciaria de curso legal se mantiene con un Exchange en el extranjero.
La DGT aclara la forma en que debe computarse el plazo para calcular este recargo.
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