Se amplía el número de sujetos legitimados para defender el derecho de igualdad de trato y no discriminación e intolerancia.
En el procedimiento Contencioso-Administrativo corresponde a la parte actora que alegue discriminación aportar indicios fundados sobre su existencia y a la parte demandada justificar de manera objetiva, razonable y suficientemente probada las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Asimismo, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, puede recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad.
La nueva normativa impone a la ITSS la obligación de incluir en su plan anual de actuación, con carácter de objetivo de alcance general, el desarrollo de planes específicos sobre igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo.
Las administraciones públicas deben favorecer la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en procesos automatizados de toma de decisiones que utilicen tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas, siempre que sea factible técnicamente.
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