Dentro del plazo de diez años para el inicio del procedimiento de comprobación de las bases imponibles negativas, si el contribuyente no facilita los soportes documentales de las operaciones registradas en las autoliquidaciones y en los libros, se considera que no ha acreditado la procedencia de las bases imponibles negativas consignadas. Para un plazo superior, el contribuyente debe aportar la autoliquidación de la que haya resultado la base imponible negativa correspondiente, así como la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el plazo de los diez años en el Registro Mercantil.
El que se puedan recalificar acontecimientos o hechos ocurridos en años anteriores, con el límite de los diez años, no permite a la Administración alterar la deuda tributaria de esos ejercicios si ya estuviera prescrita, por la máxima temporal de los cuatro años.
El que haya dos bloques patrimoniales con medios materiales y humanos para funcionar de manera autónoma no implica por sí mismo la existencia de dos organizaciones de medios materiales y personales diferenciadas, necesarias para la consideración de rama de actividad. La gestión y organización diferenciada entre las actividades debe venir motivada por el diferente destino y naturaleza de los elementos patrimoniales afectos.
Cuando en la consolidación de la entidad directamente participada se integra el resultado de una empresa asociada a través del método de puesta en equivalencia, para calcular el porcentaje de ingresos por dividendos y transmisión de participaciones, solo se tiene en cuenta la proporción de esos ingresos correspondiente al porcentaje de participación sobre dicha asociada.
La Audiencia Nacional considera que la denegación de la deducibilidad del gasto por incumplimiento de la normativa mercantil, es un abuso de formalidad contrario al espíritu de la norma.
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2026 se incrementa el importe del volumen de operaciones para la determinación de la normativa aplicable y la exacción del impuesto.
Si los gastos financieros derivan de deudas contraídas para el funcionamiento de los elementos patrimoniales, y dichos elementos se aportaron mediante una operación acogida al régimen de reorganizaciones empresariales a una entidad del grupo, es esta última la que asume la proporción correspondiente de dichos gastos, aunque procedan de ejercicios anteriores a la aportación.
El TJUE confirma que la deducibilidad del fondo de comercio financiero indirecto generado en la adquisición de participaciones de entidades no residentes no es una nueva ayuda de Estado. De esta forma se zanja de forma definitiva el asunto.
