Se ha aprobado para el año 2024 la lista de monedas consideradas como oro de inversión a efectos de este régimen especial del IVA.
Al ser un derecho y no una opción, el sujeto pasivo puede modificar la compensación de las cuotas del impuesto consignadas inicialmente en la declaración.
En casos de cuotas de IVA no devengadas e indebidamente repercutidas, se debe minorar el IVA indebidamente repercutido y reconocer el derecho a devolución de esas cuotas a favor de quien las soporto.
Una sociedad con capital íntegramente público y estatuto jurídico semejante al de los organismos fundacionales de la Administración, pueden considerarse entidades de Derecho público a efectos de la exención prevista para los servicios deportivos y culturales.
Aunque el ingrediente principal sea el mismo y se satisface la misma necesidad del consumidor medio, es posible aplicar dos tipos diferentes siempre que los productos no presenten propiedades análogas o que las diferencias, incluidos los servicios que les acompañan, influyan considerablemente en la decisión de compra.
Los servicios contratados por la entidad funeraria para realizar un servicio religioso en un sepelio se prestan al margen de una actividad económica, por lo que no están sujetos.
Las cantidades pagadas al prestador del servicio público de transporte escolar no se considera como subvenciones vinculadas al precio ni como contraprestación sujeta al IVA. Estas cantidades no afectan a la deducción de las cuotas soportadas que se encuentren vinculadas a la prestación de estos servicios.
No se adecua al principio de proporcionalidad una norma que cuantifica la sanción en un porcentaje fijo, sin posibilidad de tener en cuenta la inexistencia de perjuicio económico en una conducta en que no existe perjuicio para la Hacienda Pública y no se aprecia indicios de fraude fiscal.
El impuesto sobre el plástico forma parte de la base imponible del IVA, tanto en las importaciones como en las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Los principios de seguridad jurídica y efectividad no se oponen a una legislación nacional que suspende los plazos de prescripción durante todo el control judicial, con independencia de la frecuencia en que esta se produzca.
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