Con efectos desde el 13-11-2024, se reduce en 2024 la cuota devengada por operaciones corrientes para los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en los municipios afectados. Además, se habilita un plazo extraordinario de renuncia al régimen.
El plazo establecido para la remisión electrónica de los registros de facturación correspondientes al mes de noviembre se amplía hasta el 16-12-2024 para determinados sujetos pasivos.
Se ha aprobado para el año 2025 la lista de monedas consideradas como oro de inversión a efectos de este régimen especial del IVA.
Se modifican determinados aspectos técnicos en relación con los modelos 322 y 390 para adaptarlos a los tipos impositivos introducidos por el
RDL 4/2024
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La existencia de una asimetría en el cómputo del inicio de los plazos de prescripción puede suponer en caso de rectificación fundamentada en una liquidación administrativa, que la Administración liquide bases y cuotas devengadas, mientras se impide la rectificación de la repercusión al obligado tributario, que asumiría el coste de las mismas.
En el contrato de adhesión por el cual una entidad se compromete a adquirir un determinado volumen de productos y a publicitar la marca del fabricante se produce una prestación de servicios de tracto sucesivo por los servicios de promoción y una prestación de servicios de tracto único por el compromiso de compra de los productos.
La calificación como prestación de servicios, aunque esta suponga una modificación sustancial del inmueble, excluye que la obra realizada pueda aplicar el periodo de regularización previsto para los bienes inmuebles.
Con carácter general, la actividad de administrador o miembro del consejo de administración realizada por una persona física no está sujeta al impuesto.
Al estar ante un plazo de caducidad, la solicitud de devolución de las cuotas soportadas por un no establecido de forma extemporánea conlleva que su denegación sea conforme a derecho.
Aunque se cumplan los requisitos legales para la deducción del impuesto, el conocimiento de la existencia de un fraude en la operación supone la denegación del ejercicio de ese derecho.
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