La modificación aprobada por el RDL en relación con la actualización de los coeficientes máximos aplicables para la determinación de la base imponible en el IIVTNU, deja de estar vigente desde el 28-1-2026 tras su derogación.
Cuando en un contrato de arrendamiento de vivienda se establece que el arrendatario asume el pago del IBI, teniendo en cuenta que este tributo se individualiza y atribuye específicamente a la vivienda, no es necesario que el contrato determine su importe anual para que el arrendador pueda exigir su pago
Se regula el recargo provincial sobre las cuotas municipales del IAE para el año 2026.
Con efectos 5-12-2025, las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de estas o de otros elementos de la infraestructura que tienen la consideración de obras de interés general, no podrán ser suspendida cautelarmente por ninguna otra Administración pública en el ejercicio de las competencias que les puedan corresponder. Las medidas cautelares solo pueden ser adoptadas por los órganos jurisdiccionales competentes.
La exención del IBI aplicable a superficies forestales repobladas o regeneradas se concede por 15 años desde el periodo impositivo siguiente a la solicitud, independientemente duración de los trabajos. No obstante, si posteriormente se realiza un nuevo proyecto de ordenación sobre la misma superficie, puede volver a concederse.
Un bien inmueble no debe calificarse catastralmente, en todo caso, como urbano por estar clasificado así en el planeamiento urbanístico, cuando, a pesar de esa circunstancia, existen indicios razonables sobre la patente desconexión entre la realidad y dicha clasificación.
Si a la fecha de devengo del impuesto se cumplen los requisitos para la aplicación de una bonificación cuya aplicación finaliza a mitad del ejercicio, no afecta a la cuota ya devengada, surtiendo efectos, en todo caso, en la próxima cuota que se devengue. No obstante, si su aplicación viene condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, su incumplimiento determina la pérdida del derecho a su aplicación y, en su caso, la obligación de regularización.
La determinación del beneficio medio presunto de cada actividad sólo puede realizarse mediante estudios pormenorizados de la propia Administración y el diálogo con cada uno de los sectores afectados.
No puede entenderse como consolidada una situación en la que, a la fecha de dictarse y publicarse la sentencia del Tribunal Constitucional (26-10-2021), aún no ha expirado el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a la resolución que desestima la reclamación económico-administrativa.
Se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico que afectan a la regularización de las bonificaciones en el IBI y en el IAE.
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