Los Estados miembros de la UE deben adoptar medidas para garantizar, antes del 18-12-2021, una protección eficaz de los trabajadores frente a posibles represalias por denunciar infracciones del Derechos de la UE.
Publicación de la Dir (UE) 2019/1158 que establece requisitos mínimos relacionados con el permiso de paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores, y con fórmulas de trabajo flexible para los trabajadores que sean progenitores o cuidadores. Al facilitar a esos progenitores y cuidadores la conciliación de la vida familiar y profesional, se pretende contribuir a lograr los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades del mercado laboral, igualdad de trato en el trabajo y mantener y promover la permanencia continua de los trabajadores en el mercado de trabajo.
Nueva Directiva que deroga la Dir 533/1991/UE con efecto de 1-8-2022 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
A partir del 1-10-2015 se recoge expresamente la obligación -ya existente- de que los jueces y tribunales apliquen el Derecho de la UE de acuerdo con la interpretación que del mismo realiza el TJUE. Si los órganos jurisdiccionales nacionales deciden el planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE lo harán de acuerdo con la jurisprudencia de este último, mediante auto y previa audiencia de las partes.
Con el fin de que aborden los problemas específicos de desempleo -sobre todo juvenil- de pobreza y exclusión social durante 2013 España, Francia e Italia reciben una dotación adicional del Fondo Social Europeo. En el caso de España tal dotación adicional asciende a 16.735.105 €.
Desde el 7-7-2013 está en vigor un procedimiento general de determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos del Derecho de la UE. No se trata de un procedimiento sancionador sino del establecimiento de los criterios y procedimientos a seguir para determinar y repercutir las responsabilidades en las que incurran las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público cuando un incumplimiento del Derecho de la UE imputable a las mismas de lugar a una sanción con cargo al Reino de España.
Desde el 7-7-2013 está en vigor un procedimiento general de determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos del Derecho de la UE. No se trata de un procedimiento sancionador sino del establecimiento de los criterios y procedimientos a seguir para determinar y repercutir las responsabilidades en las que incurran las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público cuando un incumplimiento del Derecho de la UE imputable a las mismas de lugar a una sanción con cargo al Reino de España.
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