En un proceso de impugnación de acuerdos sociales, la sociedad es la única legitimada pasivamente, por lo que cualquier otra persona (p.e., un administrador) carece de tal legitimación, sin perjuicio de que pueda comparecer como coadyuvante de la sociedad.
No obstante el principio de prioridad en el RM, el registrador puede tener en cuenta documentos presentados con posterioridad a la escritura objeto de calificación, si desvirtúan o ponen en duda los primeramente presentados.
La naturaleza univalente o polivalente de los bonos se determina en su emisión, con independencia de que el adquirente o el tenedor final conozca con certeza en que parte del territorio español va a ser canjeado.
La interposición de una reclamación económico-administrativa contra un acuerdo de imposición de sanción determina en todo caso la suspensión automática de su ejecución, ya sea la interposición anterior o posterior a la notificación de la providencia de apremio por falta de pago, ya se haya interpuesto el recurso en plazo o de forma extemporánea.
En la indemnización por despido colectivo tiene que incluirse la parte proporcional del importe del premio de dedicación a los 25 años de servicios concedido por la empresa cuando la relación se extingue por jubilación, pues la prejubilación del trabajador es un cese involuntario equiparable a su jubilación.
El error en alguno de los datos del formulario normalizado no puede condicionar por sí solo la validez de un escrito procesal que carece de error.
Cuando un vehículo provisto de matrícula turística no está dado de baja en el Registro de Vehículos, está sujeto y obligado al pago del impuesto, con independencia de que el permiso especial propio de la matrícula turística haya caducado por haber expirado el plazo de su validez.
La minoría de edad no es un elemento sustantivo para impedir la declaración de responsabilidad.
Es válida la cláusula genérica incluida en el contrato de trabajo según la cual el trabajador consiente la cesión de su imagen, tomada mediante cámara web o cualquier otro medio, para el desarrollo de la actividad de telemarketing, ya que la restricción del derecho fundamental viene impuesta por la naturaleza de las tareas contratadas y el consentimiento está implícito en el objeto del contrato.
El empadronamiento no constituye prueba de residencia legal en España ni atribuye ningún derecho que no confiera la Ley de extranjería. Los períodos de residencia legal exigidos para acceder a prestaciones no contributivas por parte de un extranjero se anudan a la obtención de la pertinente autorización administrativa de residencia conforme a la Ley de extranjería, incluso cuando los solicitantes obtuvieran la doble nacionalidad con posterioridad y la mantuvieran en el momento de la solicitud de la pensión.
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