La sociedad vulnera el derecho del socio a solicitar las aclaraciones oportunas acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, cuando contesta en términos vagos, omitiendo información, y no consigue demostrar que la información omitida no era necesaria para la adopción del acuerdo o ya estaba a disposición del socio.
Para que el régimen estatutario de la retribución de los administradores, que establece su gratuidad, pueda ser eludido con un contrato, es necesario la concurrencia de un elemento objetivo de distinción entre las actividades debidas a la sociedad como administrador y las debidas por la relación contractual; y esa distinción no se da cuando el administrador realiza, básicamente, actividades de gestión de la sociedad. No obstante, si la retribución se acordó por todos los socios, incluido el demandante, generando confianza en el administrador sobre la regularidad de la percepción de sus retribuciones, éste no tendrá que devolver las cantidades percibidas de la sociedad, pues la actuación del demandante vulnera la prohibición de ir contra los propios actos.
Con carácter general, el responsable de los daños a la sociedad derivados de una administración lesiva es el administrador de derecho, máxime cuando la responsabilidad pretende derivarse de la omisión de una conducta cuyo cumplimiento no está al alcance del administrador de hecho.
La junta general no puede decidir cuándo los administradores están realizando efectivamente las funciones que justifican su remuneración.
En la certificación del acta de la junta se ha de indicar el resultado de las votaciones con expresión de las mayorías con que se ha adoptado cada uno de los acuerdos.
La junta general no puede decidir cuándo los administradores están realizando efectivamente las funciones que justifican su remuneración.
La declaración judicial de nulidad de los acuerdos sociales impugnados no produce de manera automática el regreso al estado de cosas anterior al acuerdo anulado.
No se puede exigir del registrador mercantil una cancelación de asientos posteriores sin que haya sido ordenada por la autoridad judicial competente.
La junta general no puede decidir cuándo los administradores están realizando efectivamente las funciones que justifican su remuneración.
La declaración judicial de nulidad de los acuerdos sociales impugnados no produce de manera automática el regreso al estado de cosas anterior al acuerdo anulado.
Atención al cliente
Si tienes dudas ponte en contacto con nosotros a través de clientes@lefebvreelderecho.com o llamando al 91 210 80 00 o 902 44 33 55.
Por teléfono
Lo más rápido es llamarnos al 91 210 80 00 o 902 44 33 55, te atenderemos de 8:30h a 20:00h de Lunes a Viernes.
Envío gratis
Envío gratuito a partir de 30€ (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).
Devoluciones
Hasta dos meses desde que recibes el pedido para devolver la compra si no has quedado satisfecho (excepto Producto Electrónico que son 15 días).
