La responsabilidad por incumplimiento del deber legal de promover la disolución de la sociedad no alcanza a las obligaciones sociales posteriores al cese de los administradores.
El cumplimiento tardío de la obligación de los administradores de remover la causa de disolución no les exime de responsabilidad respecto de los créditos existentes hasta ese momento, pero sí respecto de las nuevas deudas que surjan a partir de entonces.
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