Medidas de protección de la legalidad urbanística. Galicia
Regulación reglamentaria del procedimiento de reposición de la legalidad urbanística.
Regulación reglamentaria del procedimiento de reposición de la legalidad urbanística.
Es procedente el despido disciplinario de quien incumple de forma reiterada (30 horas en 4 meses) la prohibición empresarial de no utilizar privadamente los medios informáticos empresariales, cuando el CCol no suaviza la regulación legal. No es óbice a tal improcedencia que el empresario no haya realizado auditorias informáticas previas o no haya sancionado por tal motivo con anterioridad.
De las deudas contraídas por uno solo de los cónyuges responden sus bienes privativos y subsidiariamente los bienes comunes, pero estos bienes comunes están sujetos a las vicisitudes derivadas de la actividad de ambos cónyuges no solo de su cónyuge deudor, por lo que si el cónyuge del deudor está en concurso de acreedores corresponde al juez del concurso determinar si los acreedores del cónyuge del concursado deben incluirse en la masa pasiva, por tratarse de créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal.
Régimen jurídico de los derechos de realojo y retorno que garantizan las garantías del respeto a los derechos de propiedad y derecho a una vivienda digna.
Se ha aprobado el modelo 289, de Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. También se ha ampliado el plazo de presentación del modelo 290.
El TEAC cambia de criterio, en resolución de unificación de criterio, considerando que en la compra a particulares de objetos usados de oro y otros metales por parte de quienes ostenten la condición de empresarios o profesionales, la operación queda fuera tanto del ámbito del IVA como de la modalidad TPO del ITP y AJD.
El obligado al pago de un crédito, titularidad de otro deudor, en virtud de una diligencia de embargo de créditos emitida por la Hacienda Pública, está legitimado para solicitar la devolución de los ingresos indebidos que entiende ha podido realizar con ocasión de ese pago a la Hacienda.
La Administración tributaria reitera su criterio relativo a la aplicación del método de imputación para evitar la doble imposición por el usufructuario con el vigente método de exención.
Aunque no se haya alcanzado el máximo indemnizatorio absoluto de los 42 mensualidades (1.260 días) si se han superado los 720 días en el primer tramo, la indemnización no puede incrementarse por los períodos de empleo posteriores al 12-2-2012; de manera que no es necesario calcular el denominado segundo tramo.
Es competencia de la jurisdicción social la reclamación de intereses al FOGASA cuando se retrasa en el pago de la indemnización y salarios del que es responsable.
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