Con entrada en vigor el 1-12-2023 se modifican algunos aspectos técnicos de las órdenes que aprueban los diseños de registro de los modelos 165, 180, 184, 188, 189, 193, 194, 196, 198, 296, y se actualiza el contenido de los anexos I y II de la orden ministerial que aprueba el modelo 289.
Se aprueba el calendario de días inhábiles correspondiente al año 2024, para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, a efectos del cómputo de plazo.
El Tribunal modifica su criterio al considerar que el incumplimiento de la obligación de adecuación del alcance de las actuaciones a la comprobación efectivamente realizada constituye una infracción sustantiva que conlleva la anulación total – y no parcial- de la liquidación en la que se aprecie el defecto.
Las graves omisiones procedimentales consistentes en no valorar tanto las alegaciones previas al acta como las alegaciones previas a la liquidación, determinan la nulidad de las actuaciones tributarias, al privar al contribuyente, de forma manifiesta, de la posibilidad de un ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Con independencia del tipo de monedero (hot o cold), las monedas virtuales situadas en el extranjero solo son objeto de declaración cuando están custodiadas por un tercero, es decir, personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar el control de los criptoactivos o sus claves en nombre del propio usuario.
Se modifica la Directiva europea sobre cooperación administativa en el ámbito de la fiscalidad, para potenciar y mejorar el intercambio de información e incluir en su ámbito de aplicación nuevas categorías de ingresos y activos, como los criptoactivos.
Las reglas procesales para la autorización judicial de entrada en domicilio constitucionalmente protegido y la doctrina legal vinculada -principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad de la media- resultan de aplicación para autorizar el copiado, precinto, captación, posesión o utilización de los datos contenidos en un ordenador, cuando la actividad se produce fuera del domicilio del comprobado y puede afectar al contenido de derechos fundamentales. Son extensibles a aquellas actuaciones administrativas que tengan por objeto el conocimiento, control y tratamiento de la información almacenada en dispositivos electrónicos.
Cuando su potestad no haya prescrito, la Administración puede reiterar con una nueva liquidación la primera que fue anulada por razones sustantivas, siempre que para ello no complete lo actuado ni lleve a cabo nuevas comprobaciones o requerimientos para integrar sus actuaciones -se trata de una ejecución-. El incumplimiento de esta limitación conlleva, según la Audiencia Nacional, la anulación de la nueva liquidación.
Se incluye dentro de la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero, y habrá que informar cuando se supere el umbral de los 50.000 euros, la cuenta que en moneda fiduciaria de curso legal se mantiene con un Exchange en el extranjero.
