La falta de acompañamiento del justificante que da cuenta de la anomalía en el funcionamiento de Lexnet con el escrito sometido a plazo, debe ser considerado un defecto subsanable en tanto que el alcance de la incidencia y el contenido del certificado puede ser conocido por el órgano judicial.
En un supuesto excepcional se considera válida la prueba de videovigilancia de la que no fue advertida la empleada de hogar despedida por robo cuya autoría se acredita por esa vía. Se entiende que existe una justificación seria y la prueba era idónea, necesaria y proporcionada al instalarse de forma temporal enfocando únicamente al armario donde se ubicaba la caja fuerte. En este supuesto excepcional se permite que el empleador no informe de su existencia al empleado ni coloque el distintivo de protección de datos para proteger sus intereses privados. La Sala de lo Social del TS no entra a valorar otras consecuencias que la conducta empresarial puede tener desde la perspectiva más amplia de la legislación de protección de datos en su conjunto.
No habiéndose establecido para el sistema Lexnet un horario único para todos los Juzgados y Tribunales españoles, en la presentación de escritos realizados desde y hacia los órganos jurisdiccionales de Canarias debe tenerse en cuenta la hora de retraso de su huso horario.
Los abogados y procuradores, entre los requisitos mínimos exigidos para prestar asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de delitos de terrorismo y de trata de seres humanos o víctimas de cualquier delito cuando sean menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, no pueden tener antecedentes penales respecto de ciertos delitos relacionados con ese tipo de víctimas salvo que los mismos se encuentren cancelados.
Las citaciones efectuadas por el juzgado vía Lexnet al abogado al que no se le ha otorgado representación no producen efectos, aunque su domicilio aparezca en el escrito de demanda a efectos de notificaciones.
Desde el 14-7-2022 la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación establece expresamente la implicación de la Administración de justicia en la tutela de estos derechos. Siempre con independencia de la nacionalidad, edad o situación administrativa de los extranjeros afectados. La ley promueve su tutela colectiva estando legitimados a demandar, entre otros sujetos, la futura Autoridad Independiente para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Se recuerda el funcionamiento de la inversión de la carga de la prueba, que no atañe al ámbito penal o al procedimiento administrativo sancionador. La cosa juzgada afecta a los sujetos no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten su legitimación, también colectiva, como parte.
No prescribe al año la reclamación salarial de un concepto salarial, reducido unilateralmente por el empresario de forma ilegal en 2009, sin usar el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. La reducción tampoco se consolida tácitamente por la inacción del trabajador en el plazo de caducidad de 20 días para impugnar una modificación sustancial que ni siquiera fue notificada. La relación laboral es de tracto sucesivo, por lo que la prescripción anual no afecta al derecho al complemento, sino únicamente al derecho a reclamar las cantidades vencidas, no cobradas, ni exigidas. De manera, que el trabajador solo puede reclamar, con retroactividad de un año, las cantidades impagadas, pero sí puede exigir que se le abone en lo sucesivo el complemento completo.
La notificación de la puesta a disposición de los autos al letrado se entiende realizada el día hábil siguiente al del acceso a LexNET, si este se produce en los 3 días siguientes a su recepción, y el plazo para interponer el recurso comienza a contarse desde el día inmediato hábil subsiguiente al mismo.
Se publican los días feriados legales de 2022 y las vacaciones judiciales del Tribunal de Justicia en el período comprendido entre el 1-11- 2022 y el 31-10-2023.
El 25-3-2022 entra en vigor la aprobación de la utilización y las condiciones de uso de certificados electrónicos, para personas físicas, como sistemas de identificación y firma electrónica no criptográfica a efectos de identificación y firma de las personas interesadas, en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática, con los órganos judiciales, y las demás pertenecientes a la Administración de Justicia, de acuerdo con la
L 18/2011 art.4.2.f, 6.2.d, 14 y 23
en relación con la
L 39/2015 art.9 y 10
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