Derogación de la cédula de habitabilidad y sustitución por la licencia municipal de uso que reúna las condiciones de habitabilidad.
Con efectos generales a partir de 7-12-2018 entra en vigor la nueva LOPD que modifica, entre otros aspectos, las normas relativas al procedimiento administrativo en el ámbito de los documentos aportados por los interesados.
Estudio de las novedades introducidas en materia de evaluación ambiental como consecuencia de la adaptación de la LEA a las directivas comunitarias.
Aprobación y líneas generales de la Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid.
La nueva regulación administrativa recoge las directrices aplicables en materia de procedimientos administrativos tributarios y deroga las estipulaciones vigentes hasta su entrada en vigor.
La LMV se modifica en lo relativo a la difusión pública de información privilegiad y otra información relevante, se amplían las facultades de supervisión e inspección de la CNMV y se incluyen nuevas infracciones y sanciones en materia de abuso de mercado.
La LMV se modifica en lo relativo a la difusión pública de información privilegiada y otra información relevante, se amplían las facultades de supervisión e inspección de la CNMV y se incluyen nuevas infracciones y sanciones en materia de abuso de mercado.
Se aprueba el nuevo Reglamento de desarrollo de la LFGT en materia de revisión de actos en vía administrativa, para actualizar y modernizar la normativa vigente hasta ahora y contribuir a la agilización de la tramitación administrativa, la mejora del servicio a los ciudadanos en esta materia y la consolidación y desarrollo de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
El FOGASA debe dictar resolución en el plazo de 3 meses, en caso contrario se considera silencio administrativo. Dentro de dicho plazo máximo, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud de prestaciones al FOGASA, ha de considerarse incluida solamente la obligación de dictar resolución expresa por parte del mismo. Si bien, asimismo, para evitar que se produzcan los efectos del silencio positivo, tal organismo ha de acreditar haber cursado de forma idónea la notificación del acto expreso dentro del máximo plazo de 10 días a partir de la fecha de tal resolución.
Determinación de la fecha en que cabe el desistimiento de la Administración a la expropiación, total o parcial, acordada sobre un bien o derecho.
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