Tratamiento y registro contable que han de darse a los ingresos por ventas o prestaciones de servicios cuando la empresa desarrolla un programa de fidelización de clientes mediante la entrega de vales regalo y puntos canjeables por descuentos en ventas futuras.
Los bienes entregados por las distribuidoras de bebidas a sus clientes, tales como sombrillas, mesas, sillas, etc.) no dan derecho a la deducción del IVA soportado en su adquisición, puesto que al no poder encuadrarse dentro de los objetos publicitarios de escaso valor no son excluidos de la imposibilidad de deducción establecida para las cuotas soportadas en la adquisición de bienes destinados a atenciones a clientes.
Atendiendo al fondo económico, debe determinarse si el contrato de servicio energético, además de la prestación del servicio de suministrar energía eléctrica, contienen acuerdos de arrendamiento implícito, en cuyo caso deberemos catalogarlo como financiero u operativo para una correcta contabilización.
La condición de empresario o profesional del adquirente de objetos de oro y otros metales no es relevante en la determinación del impuesto aplicable a este tipo de operaciones.
La nueva Ley de seguridad privada modifica y añade algunas funciones a las distintas profesiones de seguridad intentando realizar un tratamiento total y sistemático de la materia.
Se ha procedido a la adaptación de la normativa del IVA en Bizkaia a las modificaciones introducidas en la LIVA por la LPGE para 2014 y en el RDL 1/2014.
El registro contable de este tipo de servidumbre viene determinado por la perpetuidad o, por el contrario, temporalidad de la necesidad del uso del terreno.
Se ha procedido a la adaptación de la normativa del IVA en Navarra a las modificaciones que ha experimentado el impuesto a nivel estatal.
Entre las medidas adoptadas, destaca la regulación del tipo aplicable a los arrendamientos así como el plazo de presentación de la autoliquidación cuando se han de declarar de manera conjunta determinadas operaciones.
Se establecen dos tipos reducidos, uno aplicable en la adquisición de inmuebles por el inicio de una actividad económica en esta comunidad autónoma y otro, que resulta de aplicación a los préstamos hipotecarios formalizados por la realización de determinadas obras por personas con discapacidad.
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