Se reduce a tres meses la antigüedad exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las insolvencias de deudores de empresas de reducida dimensión en los períodos impositivos que se inicien en los años 2020 y 2021.
Se prorroga para el 2021 la deducción extraordinaria por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas que reúnan determinados requisitos.
Se establecen los incentivos fiscales que les resultan de aplicación a las actividades o programas que se declaren prioritarios para el año 2021.
Se establece la obligatoriedad del uso de medidas tecnológicas avanzadas por parte de los contribuyentes en los sistemas de facturación y se incorpora un régimen sancionador de intensidad relevante asociado al incumplimiento de la obligación. Asimismo, se establece una deducción en la cuota para compensar el impacto económico que supone el cumplimiento de esta obligación.
Se aprueba para el ejercicio 2020 la relación de actividades que se declaran prioritarias en el ámbito de los fines de interés general.
Se aprueba para el ejercicio 2020 la relación de actividades o programas que se declaran prioritarios, las condiciones y el procedimiento para su declaración.
Se recuperan parte de las medidas tributarias adoptadas por el RDL 27/2020 y derogadas ante la falta de convalidación.
El Pleno del Congreso de los Diputados acuerda no convalidar el RDL 27/2020, quedando derogadas no sólo las medidas aplicables a las Entidades locales, sino también las medidas fiscales incluidas en el texto.
Como consecuencia de que Bilbao haya sido designada por la UEFA como una de las ciudades para albergar la fase final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», se establece un régimen fiscal específico para dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España.
Se especifican sanciones que pueden ser aplicadas tanto al contribuyente, por el incumplimiento de la obligación o por la destrucción, borrado o manipulación del software y archivos informáticos que sirven de soporte a los registros que documenten las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el desarrollo de una actividad económica, como al desarrollador de software o a un tercero en el caso de sean estos los que procedan a la destrucción, borrado o manipulación del software.
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