No es discriminatorio que en un despido colectivo se acuerde una indemnización menor para los trabajadores con una edad superior a 60 años por encontrarse muy próximos al acceso de jubilación y poder concertar más fácilmente un convenio especial con la Seguridad Social.
Para determinar el Estado miembro cuya institución de garantía es competente para el pago de los créditos salariales impagados de los trabajadores debe considerarse que el empresario insolvente tenga actividades en el territorio de al menos dos Estados miembros, para lo cual no basta con que el trabajador ejerza allí cualquier forma de trabajo sino que la empresa debe tener presencia económica permanente, lo que se traduce en la contratación estable de uno o más trabajadores asalariados. Entonces, la institución competente es la del Estado miembro en el que el trabajador preste habitualmente sus servicios, con independencia del Estado a cuya Seguridad Social se encuentre afiliado.
Es ajustado a derecho el ERTE por fuerza mayor llevado a cabo por una empresa dedicada a la gestión de escuelas infantiles como consecuencia de la borrasca Filomena, tras ser constatada por resolución de la autoridad laboral que devino firme por no haber sido impugnada por los trabajadores.
La diferencia que existe entre el ERTE COVID-19 por fuerza mayor y el ERTE COVID-19 por causa ETOP, es que mientras el ERTE por fuerza mayor requiere tener su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, el ERTE ETOP solo requiere que dichas causas estén relacionadas con el COVID-19.
La empresa debe agotar diligentemente los mecanismos regulares de comunicación, entre los que se encuentra el WhatsApp, para solicitar al trabajador su reincorporación tras un ERTE. Si no los agota y el trabajador no conoce su obligación de reincorporarse, el despido que lleve a cabo la empresa por ausencias injustificadas es improcedente.
El plazo de 3 meses para solicitar la ejecución de la sentencia de despido colectivo por parte de un trabajador debe computarse desde la fecha de su firmeza y no desde el momento en que el recurrente dice haber tenido conocimiento de la misma.
El TS declara nulo el despido colectivo por no seguir las normas procesales que obligan a comunicar el inicio del periodo de consultas, constituir válidamente la comisión negociadora y comunicar la decisión final a los representantes de los trabajadores.
Desde el 27-9-2022 el administrador concursal debe emitir con un nuevo modelo la certificación de los créditos laborales, tanto individual como colectiva, que el trabajador debe acompañar a su solicitud de prestaciones al FOGASA.
Tras la entrada en vigor de la Ley Rider, se reconoce a los sindicatos más representativos a nivel estatal legitimación activa para impugnar el despido de repartidores que prestan servicios en las plataformas digitales de reparto, al no constar la existencia de representación legal.
Se aprueba la reforma concursal que transpone la Dir (UE) 1023/2019 de reestructuración e insolvencia, modificando completamente el derecho preconcursal, e introduce medidas dirigidas a agilizar y mejorar la eficiencia del procedimiento concursal, como el nuevo procedimiento especial para microempresas o la modificación del régimen de segunda oportunidad
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