El juez del concurso es excepcionalmente competente para conocer de las acciones individuales de extinción del contrato de trabajo en aquellos supuestos en que la acción se dirija contra el concursado, pues en caso de dirigirse contra un grupo empresarial generador de responsabilidad solidaria cuyos integrantes no están declarados en situación concursal, la competencia corresponde al orden jurisdiccional social.
Una vez que han cesado los efectos del concurso, los acreedores privilegiados pueden ejecutar sus créditos ante la jurisdicción Social, pero para ello es preciso que los titulares de esos créditos privilegiados no hayan quedado afectados por el convenio. Una vez aprobado el convenio concursal, los acreedores concursales no sujetos al convenio así como los acreedores que hubieran adquirido su crédito después de aprobado el convenio, podrán iniciar ordinariamente ejecuciones o continuar con las que hubieran iniciado.
La responsabilidad del FOGASA por salarios de tramitación en caso de un despido en empresa concursada declarado nulo, surge cuando se dicta la sentencia declarando la nulidad, y no con la declaración del concurso de la empresa.
En caso de concurso de acreedores de la empresa, la responsabilidad subsidiaria del FOGASA no nace cuando se declara el concurso, sino cuando (posteriormente) se extingue la relación laboral a través del ERE concursal.
Son créditos concursales los honorarios de abogados y procuradores anteriores a la declaración del concurso. La fecha de devengo de los honorarios a efectos concursales coincide con la realización de los trabajos que se minutan. Para calificar un crédito como concursal o contra la masa debe estarse a la fecha de nacimiento de la obligación: rige el principio de devengo y no el de exigibilidad.
Si la impugnación del despido colectivo es competencia del orden social, la reclamación que solicita que se declare el derecho individual del trabajador a estar cubierto por el convenio especial de la Seguridad Social también lo es, porque forma parte de las condiciones del despido colectivo acordado antes de la declaración del concurso.
Es crédito contra la masa la indemnización por despido improcedente por la no readmisión del trabajador, posterior a la declaración del concurso.
La impugnación del despido colectivo concursal debe hacerse por los cauces de la Ley Concursal. La Sala de lo social del TSJ sólo es competente vía recurso de suplicación.
La jurisdicción social es competente para resolver si ha existido sucesión de empresa cuando los bienes de la concursada son adquiridos por un tercero ajeno al concurso.
No es medio adecuado para cumplir el requisito legal de consignación para recurrir en suplicación una escritura de hipoteca inmobiliaria unilateral de un inmueble libre de cargas aunque su valor de tasación es muy superior al importe de la condena. Las dificultades aparejadas a su ejecución no aseguran el rápido cumplimiento de la condena establecida que es la finalidad de la consignación.
