El Derecho mercantil o Derecho comercial es aquella rama del Derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos.
Esto es, en términos amplios, la rama del Derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado.
La progresiva internacionalización de los negocios y la necesidad de los poderes públicos de establecer un marco de protección de los consumidores y de mantenimiento de la estabilidad económica y financiera ha venido dando lugar a que cada vez hay más normas de Derecho público que se entremezclan con normativa puramente de Derecho privado para salvaguardar dichos intereses.
Un ejemplo lo constituye toda la normativa de supervisión y sanción en materia del sistema financiero y tributario, donde todas las sociedades operantes en él y las operaciones que en él se realizan están fuertemente vigiladas.
También sucede con el derecho concursal y procesal, incluso con el de arrendamiento de locales de empresa y la relación entre arrendador y arrendatario.
Es tanta la regulación generada que es necesaria la constante modificación del código de comercio y la legislación complementaria, ya sean aportadas por el poder legislativo interno o por el TJUE.
Magistrado Presidente Sala Social Audiencia Nacional ÍNDICE I. ACUERDOS DE EMPRESA A. Acuerdos que ponen fin al procedimiento de conflicto colectivo B. Acuerdos de interés profesional II. EFICACIA DEL CONVENIO COLECTIVO A. Comisión paritaria B. Interpretación del convenio colectivo […]
Se plantea la posible exención en el IP de una sociedad mercantil sin actividad económica titular de diversos activos adquiridos por precio no superior al importe de los beneficios no distribuidos obtenidos con anterioridad por la sociedad. Según la normativa […]
A los efectos de decidir si las cuentas de una sociedad determinada pueden o no ser objeto de depósito, es competencia del registrador mercantil determinar el valor del informe de auditoria de cuentas de una sociedad obligada a auditarse.Para ello […]
El contenido mínimo de las páginas web de sociedades anónimas cotizadas y cajas de ahorros con valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, ya se regulaba en las Circ CNMV 1/2004 y 2/2005, respectivamente. Sin embargo, la […]
El derecho del socio a solicitar la auditoría prevista en la LSC art.265.2 LSA queda enervado por el encargo de una auditoría voluntaria, siendo indiferente el origen de la designación (juez, registrador, órganos sociales), dado que:– la finalidad del citado […]
Se analiza si la emisión de falsas facturas carentes de sustento real en operación económica alguna puede entenderse como un incumplimiento de las obligaciones de facturación, y si tal entendimiento supone la violación del principio de tipicidad sancionadora. El problema […]
La última reforma concursal, en vigor desde el 30-7-2015, sustituye al RDL 1/2015, del que trae causa, que introdujo en nuestro ordenamiento el mecanismo de segunda oportunidad, en virtud del cual aquellas personas naturales que lo han perdido todo por […]
Las modificaciones introducidas afectan a la nueva deducción en concepto de gastos generales y a la reducción aplicable a determinados rendimientos del trabajo. Asimismo, se establecen los requisitos para la aplicación de la exención a los rendimientos del trabajo en especie derivados de la entrega de acciones o participaciones a los trabajadores en activo, a la vez que se aclara cuándo se entiende que la oferta de entrega de tales acciones se efectúa en las mismas condiciones a todos los trabajadores de la empresa o, en su caso, del grupo o subgrupo de sociedades. Por otro lado, se especifican qué vehículos se consideran eficientes energéticamente a efectos de cuantificar la retribución en especie en caso de cesión de los mismos a los trabajadores para usos particulares.
Las rentas derivadas de operaciones de separación de socios deben integrarse en la base imponible del período impositivo en el que se realice la operación, salvo que sea objeto de un procedimiento judicial. En este caso se imputa al ejercicio en el que la sentencia es firme.
