La actividad de arrendamiento de inmuebles, a efectos de la aplicación de la reducción del ISD y, por tanto de la exención en el IP, ha de constituir el desarrollo de una actividad económica, para lo cual se exige que se tenga empleada a una persona con contrato laboral y a jornada completa.
Es nulo el despido de un trabajador en represalia por participar en una huelga que había sido declarada ilegal por la Audiencia Nacional, y cuyo pronunciamiento fue revocado por Sentencia del Tribunal Supremo.
El CCol aplicable al jubilado parcial establecía que, si se cumplían ciertos requisitos, el ayuntamiento empleador debía abonar un complemento por la diferencia entre la pensión parcial reconocida por el INSS y el “salario real” que viniera percibiendo dicho trabajador. El TS interpreta la cláusula -utilizando diversos cánones hermenéuticos- concluyendo que ha de identificarse con el salario bruto que percibía el trabajador antes de acceder a la jubilación parcial, esto es, antes de practicarse las deducciones correspondientes a las cargas fiscales y de Seguridad Social. Rechazándose la postura del ayuntamiento que venía abonando sólo la diferencia con el salario neto.
Vulnera el derecho a la libertad sindical la exclusión de un sindicato en la firma de un acuerdo de empresa alcanzado con otros dos sindicatos con representación unitaria, para la aplicación de lo dispuesto en una sentencia dictada en un anterior conflicto colectivo interpuesto por el sindicato excluido, que afectaba a la interpretación de un precepto del convenio colectivo de empresa firmado también por ese sindicato y de cuya comisión paritaria forma parte.
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