La actividad de arrendamiento de inmuebles, a efectos de la aplicación de la reducción del ISD y, por tanto de la exención en el IP, ha de constituir el desarrollo de una actividad económica, para lo cual se exige que se tenga empleada a una persona con contrato laboral y a jornada completa.
Es nulo el despido de un trabajador en represalia por participar en una huelga que había sido declarada ilegal por la Audiencia Nacional, y cuyo pronunciamiento fue revocado por Sentencia del Tribunal Supremo.
El CCol aplicable al jubilado parcial establecía que, si se cumplían ciertos requisitos, el ayuntamiento empleador debía abonar un complemento por la diferencia entre la pensión parcial reconocida por el INSS y el “salario real” que viniera percibiendo dicho trabajador. El TS interpreta la cláusula -utilizando diversos cánones hermenéuticos- concluyendo que ha de identificarse con el salario bruto que percibía el trabajador antes de acceder a la jubilación parcial, esto es, antes de practicarse las deducciones correspondientes a las cargas fiscales y de Seguridad Social. Rechazándose la postura del ayuntamiento que venía abonando sólo la diferencia con el salario neto.
Vulnera el derecho a la libertad sindical la exclusión de un sindicato en la firma de un acuerdo de empresa alcanzado con otros dos sindicatos con representación unitaria, para la aplicación de lo dispuesto en una sentencia dictada en un anterior conflicto colectivo interpuesto por el sindicato excluido, que afectaba a la interpretación de un precepto del convenio colectivo de empresa firmado también por ese sindicato y de cuya comisión paritaria forma parte.
Se considera rendimiento del trabajo en especie la utilización gratuita por un trabajador de un servicio de taxi para cubrir los desplazamientos entre su domicilio y el centro de trabajo.
Las grabaciones y su transcripción, en concreto, archivos de audio presentados en un proceso penal, no pueden considerarse documentos de acuerdo con la norma procesal civil, a la que se remite la social, y que otorga un tratamiento autónomo a los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, diferenciándolos de la prueba documental admisible.
Si el INSS contabiliza, a efectos de reunir el periodo mínimo de cotización exigible para acceder a la pensión de incapacidad permanente, 112 días asimilados de cotización por el nacimiento de un hijo en España, cuando en ese momento la beneficiaria carecía de permiso legal de residencia, resulta inadmisible intentar, en sede de recurso de suplicación, excluir del cómputo esas cotizaciones alegándose que se incurrió en un error material de transcripción, ya que, de haberse cometido dicha equivocación, el INSS tendría que haber rectificado de oficio.
Criterios de aplicación de la obligación de reserva de puestos de trabajo a favor de persona con discapacidad de, al menos, un 2% en empresas de 50 trabajadores o más.
Es contraria al derecho de la UE una legislación nacional que priva del derecho a una compensación económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas a un trabajador cuya relación laboral ha finalizado en virtud de su solicitud de jubilación y no ha tenido la posibilidad de agotar sus derechos antes de la extinción.
Un local que figure en los libros registros de una sociedad civil debe incluirse en el balance que debe confeccionar con efectos 1-1-2016 si es su titular, aunque a efectos registrales conste a nombre de sus socios.
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