Derecho fiscal es una rama del Derecho público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas relacionadas con la consecución del bien común.
Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede acotar un sector correspondiente a los Impuestos directos, otro a los Impuestos indirectos, otro a los Impuestos y recargos no estatales, las tasas y los tributos sobre el juego. En otro lugar estaría el procedimiento contencioso, las obligaciones formales y por último las entidades sin fines lucrativos y mecenazgo.
Por otro lado es importante mantener un control de compliance tributario en las empresas y por ello las asesorías y consultorías juegan un papel fundamental en esta labor.
Además hay que tener en cuenta la regulación que propone el TJUE en la fiscalidad de los países de la UE por ejemplo para evitar prácticas abusivas en materia de IVA
Las contestaciones a las consultas de la DGT no son vinculantes para los Tribunales Económico-Administrativos. Por el contrario, sí tienen carácter vinculante para la Administración tributaria los criterios que fija el TEAC con carácter reiterado, en resolución de recursos extraordinario de alzada para la unificación de criterio o en resolución de procedimientos de adopción de resoluciones de unificación de criterio.
La ampliación de la jornada en el sector público a 37 horas y media llevada a cabo en la Ley de Presupuestos de 2012 es constitucional, ya que ha sido dictada por el Estado al amparo de sus competencias normativas, siendo idónea dicha Ley para introducirla.
Se introducen modificaciones en la reducción de las rentas derivadas de la explotación de propiedad intelectual o industrial (patent box) y se suprime la reducción aplicable en la utilización de esa propiedad por la propia empresa titular en su actividad económica
Se introduce como novedad la información país por país dentro de las obligaciones de información y documentación en las operaciones entre personas o entidades vinculadas
Se añade una excepción a la prohibición de cesión de datos con trascendencia tributaria, y la obligación de información para las instituciones financieras en el ámbito de la asistencia mutua
Para la aplicación de los límites a grupos mercantiles no se tienen en cuenta las entidades sometidas a normativa foral, dado que dicha normativa no prevé la posibilidad de abono de la deducción.
A efectos del ITP y AJD, la autorización administrativa otorgada para instalaciones de generación de energía eléctrica eólica no puede ser equiparada a una concesión administrativa ya que no existe atribución ni aprovechamiento de dominio público, otorgamiento de facultades de gestión de un servicio público ni desplazamiento patrimonial alguno, sino simple intervención administrativa.
La nueva norma reguladora del IBI en Bizkaia introduce novedades en relación con el sujeto pasivo destacando las reglas a aplicar si la condición de contribuyente recae en varios concesionarios o los supuestos de pro indiviso
En el caso de inmuebles arrendados que se aportan a una sociedad, para acogerse al régimen de diferimiento establecido en la LIS, los inmuebles a aportar deberán estar afectos a una actividad económica de arrendamiento durante al menos tres años antes de su aportación a la sociedad.
