Si un residente fiscal en España se desplaza durante un tiempo a otro Estado para trabajar, ha de estarse a lo dispuesto por el convenio para evitar la doble imposición, salvo que este esté denunciado, en cuyo caso hay que acudir a la normativa doméstica.
Denuncia por parte de los Países Bajos del Convenio entre los Países Bajos en nombre de las Antillas Holandesas y España en materia de intercambio automático de información sobre los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
Mediante la Ratificación del Convenio, España se compromete a aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, sin perjuicio de ciertas reservas y declaraciones que ha planteado.
El CDI España-Reino Unido se aplica al Impuesto sobre Patrimonio español, sin embargo, los no residentes en España solamente pueden quedar sujetos por obligación real por los bienes y derechos de que sean titulares cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse, en territorio español.
Una regularización tributaria basada en la declaración de un conflicto en la aplicación de la norma previsto en la legislación doméstica puede determinar la inadmisión de la solicitud de tramitación de un procedimiento amistoso entre dos Estados.
La presunción de veracidad de autoliquidaciones presentadas en ejercicios anteriores sobre la que se sostiene la denegación por la Administración de la aplicación del régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, puede ser desvirtuada si la parte interesada aporta pruebas que puedan llevar a la autoridad competente a la conclusión de que su residencia fiscal durante los últimos diez años anteriores estaba efectivamente en el extranjero.
La recepción de una subvención, por parte de un no residente, para la rehabilitación de un inmueble situado en España al objeto de dedicarlo a una actividad económica tributa en España de acuerdo a lo que disponga el régimen general de la LIS.
Acuerdo entre España y Gambia sobre transporte aéreo, que establece la exención de impuestos o gravámenes sobre los beneficios e ingresos de las operaciones de servicios aéreos obtenidos por las empresas designadas por la otra parte.
Una entidad que pretende operar como prestador de servicios de pago en otros Estados miembros de la UE ha de solicitar una autorización en su Estado de origen, que será válida para toda la UE, diferenciando entre si se van a llevar a cabo mediante sucursal o agente, o en régimen de libre prestación de servicios.
La existencia de una subsidiaria no convierte automáticamente a esta en un establecimiento permanente de la matriz, y que el hecho de que la actividad de la filial sea dirigida por la matriz no basta para que se considere a la primera como un establecimiento permanente de la segunda.
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