Se especifica que la exención por la percepción de las prestaciones de maternidad y paternidad alcanza a todos los contribuyentes con independencia de que los actos administrativos que les afecten sean firmes en vía administrativa.
Se aprueba el modelo de comunicación de datos relativo a las concesiones administrativas en el territorio de esta CA.
Al amparo de los principios de seguridad jurídica y defensa de los derechos de los interesados, la retroacción no puede concebirse como una fórmula apta para corregir defectos sustantivos de una decisión, otorgando a la Administración la oportunidad de ajustarla desde ese momento al ordenamiento jurídico. La retroacción de actuaciones es procedente únicamente en los supuestos de quiebra formal o cuando la instrucción del expediente es incompleta.
Pueden utilizarse los valores recogidos en las escrituras de adquisición y transmisión para acreditar la existencia de una minusvalía en la transmisión del terreno.
La nulidad de una disposición general no conlleva la nulidad automática de los actos ejecutado a su amparo. Hay que analizar, en cada caso concreto, si el acto adolece de alguno de los vicios contemplados por la norma como motivos de nulidad de pleno derecho.
El TS anula la posibilidad de computar como interrupción justificada en el procedimiento sancionador el tiempo derivado de la orden de completar el expediente en el procedimiento inspector asociado.
Se adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas por el Estado en los IIEE. Entre ellas destaca la regulación del Impuesto especial sobre la electricidad, el cual deja de configurarse como un impuesto especial de fabricación.
Se impugnan determinados artículos de la LSCANA en relación con los derechos de los propietarios en suelo rústico, así como de los proyectos de interés insular o autonómico y la evaluación de impacto ambiental de proyectos que afectan a la Red Natura 2000.
Competencias Área de gobierno de desarrollo urbano en el ayuntamiento de Madrid
El empadronamiento no constituye prueba de residencia legal en España ni atribuye ningún derecho que no confiera la Ley de extranjería. Los períodos de residencia legal exigidos para acceder a prestaciones no contributivas por parte de un extranjero se anudan a la obtención de la pertinente autorización administrativa de residencia conforme a la Ley de extranjería, incluso cuando los solicitantes obtuvieran la doble nacionalidad con posterioridad y la mantuvieran en el momento de la solicitud de la pensión.
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