Exigencia de justificación y proporcionalidad en las medidas de prevención del blanqueo de capitales que pueden restringir la libre competencia.
Posibilidad de inscribir una finca segregada aunque la finca restante tenga una superficie inferior a la mínima fijada por el planeamiento urbanístico, siempre que el interesado sea conocedor de la situación de fuera de ordenación de la finca segregada.
Se aprueban normas procedimentales para llevar a efecto la ejecución de sentencias dictadas en el marco de los concursos de priorización convocados en D Aragón 124/2010, dado el aumento de la conflictividad surgida de la aplicación de este último.
Se aprueban normas procedimentales para llevar a efecto la ejecución de sentencias dictadas en el marco de los concursos de priorización convocados en D Aragón 124/2010, dado el aumento de la conflictividad surgida de la aplicación de este último.
Estudio de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos. Derogación expresa de L Baleares 11/2006 -excepto L Baleares 11/2006 disp.adic.3ª, 4ªy 5ª-,
L Baleares 9/2010 -declaración de interés autonómico de la construcción del campo de golf de Son Bosc en Muro-, L Baleares 5/2005 art.39 bis y 39 ter y L Baleares art.44.4.
La ampliación de la jornada en el sector público a 37 horas y media llevada a cabo en la Ley de Presupuestos de 2012 es constitucional, ya que ha sido dictada por el Estado al amparo de sus competencias normativas, siendo idónea dicha Ley para introducirla.
Aprobación de la Estrategia minera de Andalucía 2020.
Reatribución de competencias a los órganos dependientes de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Constitucionalidad de la posibilidad de que los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables, por formar las viviendas parte de las urbanizaciones marítimo-terrestres, puedan usar los amarres situados sobre las mismas y transmitirlos junto con la propiedad.
La caducidad del nombramiento del administrador, o su renuncia al cargo, no libera al administrador de las obligaciones que en su día adquirió frente a la Hacienda Pública como administrador de la sociedad. Sólo quedará liberado una vez que, convocada la Junta, se nombre al nuevo administrador o, en su caso, se convoque la Junta para la disolución de la sociedad; y si esto no fuera posible, inste la disolución judicial, al ser imposible el nombramiento de otro administrador en su sustitución que haga operativo el funcionamiento de la sociedad.
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