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Valoración de las participaciones sociales ante un procedimiento de embargo de las mismas

Mediante escritura se elevan a público varios acuerdos adoptados por unanimidad en una Junta universal de accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada, por los cuales se modifican los estatutos de la misma.
En este supuesto en que se notifica a la sociedad el inicio de un procedimiento de embargo de las participaciones sociales frente a cualquier socio, que tuviera como objeto la inmovilización de las mismas que pudiera desembocar en un procedimiento de ejecución forzosa, la sociedad, a través del órgano de administración, podrá adquirir la totalidad de las participaciones embargadas, debiendo ejercitar el derecho en un plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación a la sociedad del procedimiento de embargo; y si la sociedad no ejercita este derecho, todos los socios podrán adquirir las participaciones embargadas, en el plazo máximo de veinte días.
Se añade que el precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las participaciones, entendiéndose por tal el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta.
Ante estos hechos, el registrador resuelve no practicar la referida inscripción, en lo que respecta al precio de transmisión, porque a su juicio no se adecúa a lo previsto en la LSC, en la medida en que el precio en el supuesto de transmisión forzosa viene ya predeterminado y no se remite al valor razonable (LSC art.109.3).
La DGRN alude, en primer lugar, al régimen de transmisión voluntaria de participaciones «inter vivos», ya que en una Resolución suya admitió la inscripción de la disposición estatutaria por la que se atribuía a los socios un derecho de adquisición preferente que habría de ejercitarse por el valor razonable de las participaciones de cuya transmisión se tratara, que sería el valor contable resultante del último balance aprobado por la junta (DGRN Resol 15-11-16).
En este sentido, el valor razonable es el valor de mercado, sin embargo, al no existir propiamente un mercado de participaciones sociales, dicho valor debe determinarse por aproximación, según la normativa contable. Más aún, este régimen de transmisión únicamente queda sujeto a los límites generales derivados de las leyes y de los principios configuradores del tipo social elegido (LSC art.28), así como a las limitaciones específicas establecidas en la LSC art.108. En ningún caso se prohíbe la utilización del valor contable del último balance aprobado por la Junta como precio de las participaciones objeto del derecho de adquisición preferente.
Continúa admitiendo los privilegios derivados de los derechos económicos de las participaciones sociales en el reparto de las ganancias sociales y la cuota de liquidación del socio, por lo que indica que deben admitirse cláusulas como la de la mencionada Resolución, alegando la autonomía privada y limitándola con la prohibición de los pactos leoninos y aquellos que pudieran perjudicar a terceros. Añade asimismo que si el acuerdo ha sido adoptado por unanimidad en Junta general universal, se cumple a su vez el requisito del pacto unánime de los socios de los criterios para la determinación del valor razonable de las participaciones sociales para permitir la inscripción en el Registro Mercantil (Reglamento del Registro Mercantil art.175.2.b).
Señala además la DGRN que la LSC determina el régimen de transmisión de participaciones en caso de un procedimiento de embargo, no obstante, no impide que en los estatutos de la sociedad se puedan regular sistemas alternativos, como ocurre en este supuesto (LSC art.109).
Por último, el registrador no opone ninguna objeción en cuanto a la determinación del valor razonable a satisfacer al socio en que ejercite el derecho estatutario de adquisición previa de las participaciones o la sociedad que acuerde su exclusión.
Por todo lo expuesto, la DGRN resuelve estimar el recurso y revocar la calificación impugnada por la sociedad.

NOTA
La DGRN ha publicado otra Resolución en este mismo sentido, la DGRN Resol 23-5-19.

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