Actualidad jurídica Suscríbase vía email

Validez de la prueba derivada del control informático del correo corporativo

El despido disciplinario de un trabajador, por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, fue declarado procedente en instancia y confirmado en suplicación al acreditarse que había aceptado pagos irregulares de una entidad proveedora, contraviniendo el código de conducta empresarial (TSJ Galicia 30-12-14, EDJ 255403). El trabajador y la empresa recurrieron esta sentencia en casación para la unificación de doctrina.
El recurso del trabajador fue desestimado por falta de contradicción.
El objeto del recurso de la empresa (legitimada aunque había obtenido sentencia favorable a sus intereses al declararse el despido procedente), era obtener la declaración de validez procesal de la prueba derivada del examen del correo electrónico del trabajador. Dicha prueba fue declarada nula y no pudo ser tomada en consideración al haberse obtenido ilícitamente, anulándose también las testificales prestadas en relación a dichos correos. La nulidad de la prueba no supuso la nulidad del despido, al considerarse acreditado el incumplimiento grave y culpable con los elementos probatorios anteriores a la inspección del correo electrónico, en concreto, la documental aportada, incluyendo la fotocopia de los resguardos de las transferencias hallados casualmente en una zona de acceso libre de los trabajadores. También se consideró la auditoría de las empresas vinculadas que no se extrajeron del correo electrónico del trabajador.
En este caso, se admite la contradicción con la sentencia de contraste, por la que el TCo rechazó el amparo de un trabajador despedido por uso del ordenador para fines personales, existiendo expresa prohibición de uso extralaboral de los medios informáticos propiedad de la empresa que controló su utilización (TCo 170/2013).
La Sala IV, considera que la doctrina correcta es la mantenida por el TCo que comparte (TS 26-9-07, EDJ 166164 y 8-3-11, EDJ 19877; 6-10-11, EDJ 308825). Motivo, por el queestima el recurso de la empresa y revoca, en ese punto, la sentencia recurrida atribuyendo validez a la prueba con los siguientes argumentos:
1. El poder de dirección del empresario, imprescindible para la buena marcha de la empresa, le faculta a realizar controles informáticos, pues la utilización del ordenador de la empresa queda dentro de su poder de vigilancia (ET art.20; TCo 241/2012) y no tiene las limitaciones que corresponden a la función privada de policía privada, como sucede con el control de la taquilla del trabajador y sus efectos personales (ET art.18; TS 26-9-07, EDJ 166164; 8-3-11, EDJ 19877). Así, aunque pueda resultar conveniente la presencia garantista de terceros -notario, otro trabajador, repesentantes y el propio interesado-, su ausencia en absoluto condiciona la validez del acto de control, a cuya prueba se le dará la fehaciencia que en su caso corresponda.
2. El derecho a la intimidad del trabajador puede verse afectado por el control informático de los correos. Su cobertura ha de estar en relación con las condiciones e instrucciones empresariales de disposición y uso de las herramientas informáticas (TCo 241/2012) que, a su vez, permiten determinar si el trabajador tenía una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad (TCo 127/2012). Además, el control ha de superar el juicio de proporcionalidad, siendo necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos: si el control es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si es necesario, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, si supera el denominado juicio de proporcionalidad en sentido estricto, esto es, si la medida de control es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (TCo 96/2012; 14/2003; 89/2006 y 170/2013).
3. La doctrina expuesta en el punto anterior es sustancialmente coincidente con la seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH Gran Sala 5-9-17 asunto Barbulescu vs Rumanía rec 61496/08). Doctrina que, de acuerdo con la Sala IV, obliga a ponderar y a tener en cuenta en cada caso como factores decisivos:
a) El grado de intromisión del empresario.
b) La concurrencia de legítima razón empresarial justificativa de la monitorización.
c) La inexistencia o existencia de medios menos intrusivos para la consecución del mismo objetivo.
d) El destino dado por la empresa al resultado del control.
e) La previsión de garantías para el trabajador.
4. En el caso concreto, la Sala IV valora para considerar lícita la prueba:
a) Que el trabajador era consciente de que existía una clara política de prohibición de uso personal de los ordenadores y que habilitaba a la empresa a controlar su uso garantizando la dignidad e intimidad del trabajador. Entendiendo que no existía una expectativa razonable de intimidad, máxime cuando el uso personal era ilícito.
b) Que el examen informático fue acordado tras el hallazgo casual de las fotocopias de las transferencias bancarias efectuadas a favor del trabajador, y que suponían una infracción grave del Código de conducta de la empresa. Esta prueba, al ser anterior al control informático, siempre pudo valorarse, incluso cuando se admita la vulneración del derecho fundamental. En efecto, se excluiría la aplicación de la doctrina anglosajona del «fruto del árbol emponzoñado» que permite vedar la prueba obtenida de la violación de un derecho fundamental, junto con las que deriven de aquéllas (TCo 98/2000; 39/2016; TS 7-7-16, EDJ 152179; 31-1-17, EDJ 11131 y 20-6-17, EDJ 133510).
c) Que el examen del correo electrónico fue ponderado, no genérico o indiscriminado. Se llevo a cabo seleccionando sólo los correos que, en determinadas fechas, pudieran incluir información relevante sobre las transferencias controvertidas. Se realizó, además, siempre a través del servidor de la empresa en las propias instalaciones de la empresa, de tal forma que nunca se accedió a ningún aparato o dispositivo particular del demandante. Motivos por los que la Sala considera que se limitó al máximo la invasión de la intimidad del trabajador afectado.

Imprimir

Envíe su comentario:

(los campos con asteriscos son obligatorios)

Acepto las condiciones legales

Atención al cliente

Si tienes dudas ponte en contacto con nosotros a través de clientes@lefebvreelderecho.com o llamando al 91 210 80 00 o 902 44 33 55.

Por teléfono

Lo más rápido es llamarnos al 91 210 80 00 o 902 44 33 55, te atenderemos de 8:30h a 20:00h de Lunes a Viernes.

Envío gratis

Envío gratuito a partir de 30€ (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).

Devoluciones

Hasta dos meses desde que recibes el pedido para devolver la compra si no has quedado satisfecho (excepto Producto Electrónico que son 15 días).