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Subrogación convencional y responsabilidad solidaria

Tras el cambio en la adjudicación del servicio de seguridad de un museo, la nueva empresa adjudicataria se subroga, a partir de esa fecha, en las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo de los empleados de la anterior empresa siguiendo las previsiones del Convenio colectivo de las empresas de seguridad. Uno de los trabajadores, que tenía diferencias salariales y prestaciones sociales complementarias pendientes de cobro, es advertido por la nueva empresa de que esta deuda debe ser abonada por la anterior adjudicataria, ya que el convenio aplicable la exime de las obligaciones anteriores a la fecha de adjudicación. Ante la negativa de las dos empresas a abonarle estas cantidades, el trabajador demanda a ambas con el fin de hacer efectivo el pago y el pleito acaba llegando como cuestión prejudicial al TJUE para que aclare lo siguiente:
1. Cuando una empresa cesa en la adjudicación de los servicios contratados de un cliente por rescisión del contrato de arrendamiento de servicios donde la actividad, como en este caso de vigilancia de las instalaciones, se funda predominantemente en la mano de obra, y la nueva adjudicataria del servicio se hace cargo de una parte esencial de la plantilla destinada en la ejecución de tal servicio por imperativo de lo pactado en el convenio colectivo, ¿estamos ante una transmisión de empresa a la que es de aplicación la Dir 2001/23/CE art.1.1?
Considera el TJUE que una actividad de vigilancia de un museo que no exige el uso de materiales específicos, puede considerarse una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra y, por consiguiente, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común de vigilancia puede, a falta de otros factores de producción, constituir una entidad económica susceptible de transmisión. No obstante, en este supuesto es preciso además que dicha entidad mantenga su identidad aun después de la operación de que se trate. El mandato de subrogación impuesto por el Convenio colectivo de las empresas de seguridad y llevado a cabo en este caso tiene el mismo objetivo que la Directiva que, por lo tanto, sí se aplica a supuestos de este tipo.
2. Una vez aclarado que nos encontramos en el ámbito de la Directiva, la segunda cuestión planteada se refiere a la posible responsabilidad solidaria de las empresas implicadas en la transmisión. La legislación española que incorpora la Directiva ha dispuesto que después de la fecha del traspaso el cedente y el cesionario son responsables solidariamente durante tres años de las obligaciones, incluidas las retributivas, que tienen su origen en los contratos de trabajo existentes en la fecha del traspaso. Se plantea, por tanto, la duda de si es conforme con la Directiva una interpretación que sostenga que la solidaridad en las obligaciones anteriores no se aplica cuando la asunción de mano de obra por la nueva contratista le vino impuesta por las previsiones del convenio colectivo del sector y dicho convenio excluye en su texto esa solidaridad respecto de las obligaciones anteriores a la transmisión.
Entiende el TJUE que no es competente para resolver esta cuestión, ya que le obligaría a pronunciarse sobre la compatibilidad de dos disposiciones nacionales (ET art.44; Convenio colectivo de las empresas de seguridad art.14) y no sobre la interpretación de la mencionada Directiva.

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