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Se declara inconstitucional la amnistia fiscal aprobada por el Gobierno en 2012

Esta regulación establecía la posibilidad de que los contribuyentes del IRPF, del IS y del IRNR que no hubieran declarado todas sus rentas, presentaran una declaración para regularizar su situación tributaria (RDL 12/2012 disp.adic.1ª).
La medida conllevó tres efectos importantes:
– permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas a un tipo reducido (10%);
– permitió no imponer, a quienes se acogieron a la regularización, ni intereses de demora, ni recargos por ingresos extemporáneos, ni sanciones por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria; y
– convirtió las cantidades por las que se tributó en renta declarada a todos los efectos.
Todo ello, lleva al Tribunal a considerar que la declaración tributaria especial incide directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria, provocando la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento. Se vulnera la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento del gasto público, alterándose el modo de reparto de la carga tributaria prevista por la norma constitucional, esto es, de acuerdo a la riqueza de los ciudadanos y mediante un sistema tributario justo (Const art.31.1).
Es por ello que, declara la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa analizada, si bien limita el alcance de la sentencia al aclarar que, no pueden verse afectadas las liquidaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.

NOTA: Si bien el fallo de la sentencia declara inconstitucional y nulo el RDL 12/2012 disp.adic.1ª, el fundamento jurídico primero precisa que el objeto del proceso se contrae exclusivamente a la redacción originaria de la disposición, lo que incluiría los apartados 1º a 5º y excluiría los apartados 6º y 7º, adicionados a la norma por RDL 19/2012. Es por ello que, habrá que estar a las interpretaciones que sobre esta materia realicen las autoridades competentes.

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