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Retroacción de actuaciones: procedimiento y plazo aplicable

El contribuyente, con ocasión de la disolución de una sociedad, presenta autoliquidación de ITP y AJD. Iniciado procedimiento de gestión la Administración, tras comprobar el valor de un inmueble incluido en la base imponible declarada, rectifica su valor y gira la consiguiente liquidación.
Interpuesta reclamación, el TEAR anula la liquidación por falta de motivación en la comprobación de valores y ordena la retroacción de actuaciones y la práctica de una nueva liquidación.
La Administración, ejecuta el mandato del TEAR aplicando el procedimiento previsto para la ejecución de resoluciones administrativas (RGRV art.66).
Ante estos hechos, las cuestiones que se elevan ante el TS a través de la vía del recurso de casación son:
1º.- El cauce procedimental que debe seguirse para ejecutar la resolución del TEAR, es decir, si resulta de aplicación el mismo procedimiento de gestión tributaria utilizado para dictar la primera liquidación, o debe seguirse la vía de ejecución de resoluciones administrativas.
2º.- El plazo aplicable al procedimiento pertinente para dictar la nueva liquidación, es decir, si resulta de aplicación el plazo general de seis meses de los procedimientos tributarios (LGT art.104), el plazo del procedimiento inspector previsto para los casos de retroacción de actuaciones (LGT art.150.7) o el plazo de un mes regulado para la ejecución de resoluciones (RGRV art.66).
El TS para resolver la primera cuestión distingue entre:
a. Anulación por razones materiales: resulta aplicable el procedimiento de ejecución de resoluciones administrativas y el órgano competente debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la resolución en el plazo de un mes.
b. Anulación por razones de forma: resulta de aplicación el procedimiento de gestión utilizado para dictar el acto anulado.
En este supuesto, y en respuesta a la segunda cuestión, el TS establece que no puede aplicarse un precepto específico del procedimiento de inspección al régimen general de duración de las actuaciones tributarias, al entender que se estaría forzando la voluntad del legislador. Es por ello que la norma a tener en consideración es el plazo general de seis meses establecido para los procedimientos tributarios. Y matiza que, como no se inicia un nuevo procedimiento no puede iniciarse un nuevo plazo de cómputo; la Administración debe tramitar el procedimiento retrotraído y notificar una resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la anulación del acto administrativo hasta completar el plazo general de duración de los procedimientos tributarios. Plazo que empieza a contarse desde el día siguiente a aquel en que se comunica la resolución.

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