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Responsabilidad del FOGASA en caso de extinción del contrato derivada de la decisión de la empresa de traslado del trabajador

El Derecho de Unión recoge que son necesarias normas para la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario y para garantizarles un mínimo de protección, especialmente para garantizar el pago de sus créditos impagado. Al efecto, los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales, incluidas las indemnizaciones debidas al término de la relación laboral, cuando así lo disponga el Derecho interno (Dir 2008/94/CE art.3).
Por su parte el ET establece que el FOGASA anterior, en caso de insolvencia o concurso del empresario, ha de abonar indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos por (ET art.33.2): despido nulo e improcedente, extinción de contrato por causas objetivas, despido colectivo y extinción por voluntad del trabajador derivada de la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo con menoscabo de su dignidad, impago de salarios o retraso en su abono e incumplimiento contractual grave por parte del empresario (ET art.50, 51 y 52), y de extinción de contratos por el juez concursal (LCon art.64), así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan.
Considera el TSJ C.Valenciana que el citado art.33.2 tendría que haber incluido todos los supuestos de extinción del contrato de trabajo no inherentes a la persona del trabajador. Por tanto, esta disposición, al no tener en cuenta otras formas legales de extinción de la relación laboral que dan lugar a indemnizaciones legalmente establecidas, como la prevista para el supuestos de traslado de trabajadores que exija cambios de residencia por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, en el que el trabajador tiene derecho a optar entre el traslado o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio (ET art.40), es injustificada y no permitida por la Dir 2008/94/CE.
El TJUE declara que La Dir 2008/94/CE art.3, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que cuando, según la normativa nacional, las indemnizaciones legales debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador a causa del traslado del lugar de trabajo por decisión del empresario, traslado que obliga al trabajador a cambiar su lugar de residencia, también deben incluirse en dicho concepto.

NOTA
Los TSJ venían estimando que las indemnizaciones derivadas de la opción ejercida por el trabajador en caso de traslado o modificaciones sustanciales estaban excluidas de la obligación de abono por parte del FOGASA.

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