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Prestaciones familiares por hijo a cargo y percepción de rendimientos del trabajo

Los hechos probados son los siguientes: la madre del hijo con discapacidad causante venía percibiendo una prestación por hijo a cargo, y este firmó un contrato de trabajo temporal desde el 2-9-2013 al 1-9-2015, acreditándose unos ingresos en el año 2014 de 13.044,04 €, superior al importe del 100% del SMI para ese año. El INSS, en resolución del 26-5-2015, suspendió el derecho y solicitó la devolución de lo indebidamente percibido en el periodo 1-1-2014 a 30-4-2015, lo que suponía la cantidad de 8.788,40 €.
Se plantean dos cuestiones: los efectos sobre la prestación por hijo a cargo con una discapacidad de más de un 89% cuando este percibe durante más de un año por trabajo unos ingresos de más del 100% del SMI en ese tiempo; y, en segundo lugar, los efectos temporales que ese hecho producen, en su caso, en la prestación y en la eventual devolución de cantidades indebidamente percibidas.
1. En este caso, el hijo con discapacidad causante perdió la condición de hijo a cargo como consecuencia del percibo de los ingresos referenciados, lo cual determinó que la beneficiaria dejase de reunir la condición básica para el percibo de la prestación.
Alega el recurrente que a efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario, en los supuestos de hijos o menores acogidos a cargo con discapacidad, no se exige límite de recursos económicos (LGSS/94 art.182.3 -hoy LGSS art.352.3-) y que tampoco debería exigirse requisito de inexistencia de percepciones económicas superiores al límite legal al causante de la prestación en caso de discapacidad en más de un 65%.
Sin embargo, el TS entiende que esa excepción de la exigencia de no contar con los ingresos económicos (LGSS/94 art.182.c -hoy LGSS art,352.c), se refiere a las condiciones en que los beneficiarios de la prestación pueden acceder a su percibo, partiendo siempre de la existencia previa de un causante (LGSS/94 art.181.a -hoy LGSS art.351.a).
Asimismo, no cabe invocar la legislación tributaria para llegar a la conclusión de que los ingresos superiores al 100% del SMI deban minorarse con los gastos deducibles del rendimiento íntegro en las rentas de trabajo.
2. Respecto a la determinación de los efectos temporales que han de acompañar a la suspensión/extinción del derecho, hay que tener en cuenta la regla general que establece que las variaciones que puedan suponer modificación o extinción del derecho a la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, surten efectos el último día del trimestre natural en el que se hayan producido (RD 1335/2005 art.17.2). Si la variación consiste en la percepción de rendimiento del trabajo, no hay que esperar un año para comprobar que tales rendimientos superan el SMI en cómputo anual, sino que la regularidad de las percepciones mensuales permite comprobar, mediante la oportuna proyección anual de lo percibido regularmente cada mes, si las mismas superan o no el mencionado umbral del SMI sin tener que aguardar a que transcurra un año natural completo.
Consecuentemente, la fecha de efectos de la suspensión de la prestación debe fijarse, tal como pretende el INSS, en el 1-1-2014, ya que si, como consecuencia de las variaciones, se produce la extinción o reducción del derecho, las asignaciones mensuales o diferencias de más que, en su caso, se hubieran abonado tienen la consideración de prestaciones indebidamente percibidas desde el día siguiente a aquel en que se hubieran debido producir los efectos económicos de la variación (RD 1335/2005 art.16.4).

NOTA
Anula parcialmente la TSJ Galicia 29-9-17, EDJ 208126 citada en el MSS

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