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Prestación por maternidad percibida de la Seguridad Social

Como colofón a numerosas resoluciones previas de diversos TEAR dictadas en el mismo sentido (entre otras, TEAR Castilla-La Mancha 19-7-13; TEAR La Rioja 30-7-13; TEAR Andalucía 20-2-15; 23-10-15 y 15-1-16; TEAR Murcia 13-5-16), el TEAC ha resuelto, en unificación de criterio, que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social no se considera renta exenta en el IRPF.
La normativa del impuesto recoge expresamente la exención de las siguientes categorías de prestaciones (LIRPF art.7.h):
– Las prestaciones familiares a cargo de la Seguridad Social, que se concretan en las reguladas en la LGSS/94, título II, capítulo IX.
– Las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativa a la Seguridad Social, en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior.
– Las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad.
– Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las CCAA o Entidades Locales.
– Las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones Públicas, vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores (LIRPF art.7.z).
Al igual que el TEAR Murcia 13-5-16, en contestaciones a consultas (DGT CV 24-10-13; CV 21-11-13) la DGT ha venido realizando una interpretación literal de la LIRPF art.7.h para concluir que, dentro de la misma, es el párrafo cuarto el único en el que se citan las prestaciones públicas de maternidad, de manera que la exención solo se aplica a las prestaciones por maternidad satisfechas por las CCAA y Entidades Locales y no a las satisfechas por la Seguridad Social, ya que en el primer párrafo de la norma señalada tales prestaciones no se citan expresamente. Esta interpretación literal debe imponerse con especial rigor cuando se trata de un supuesto de exención tributaria, en el que no deben tener cabida interpretaciones extensivas o analógicas que amplíen el ámbito de la exención más allá de lo previsto por el legislador (LGT art.14).
Sin embargo, en una reciente sentencia, el TSJ Madrid 6-7-16, EDJ 128390 ha declarado la exención del IRPF de una prestación de maternidad percibida del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por entender que la interpretación que debe hacerse de la LIRPF art.7.h es que la misma establece, con carácter general, la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la procedencia de las prestaciones, y que lo que la norma pretende al referirse a continuación a las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las CCAA o Entidades Locales es ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos.
El principal argumento que lleva al TEAC a apoyar el criterio de la Administración y de los TEAR anteriores y a resolver en unificación de criterio que la prestación por maternidad percibida de la Seguridad Social no está exenta se centra en lo siguiente:
La LIRPF establece de manera precisa cuáles son las prestaciones a cargo de la Seguridad Social que están exentas (las reguladas en la LGSS/94, título II, capítulo IX), entre las que no se encuentra la prestación por maternidad, ubicada en la LGSS/94, título II, capítulo IV bis. Sin embargo, al determinar las prestaciones a cargo de otros entes distintos a la Seguridad Social a los que extiende su alcance la exención de la LIRPF art.7.h, el legislador emplea unos términos más genéricos. Así, declara exentas «las demás» prestaciones públicas por nacimiento, parto, adopción, hijos a cargo y orfandad. El uso del determinante «demás» comporta que el legislador se está refiriendo a las otras prestaciones públicas, distintas de las que están a cargo de la Seguridad Social, las cuales ya tienen su reflejo específico. Igualmente el legislador determina en unos amplios términos «las prestaciones públicas por maternidad» a cargo de las CCAA o Entidades Locales que gozan en todo caso de exención, pero excluyendo, en este caso, la referencia expresa a las prestaciones por maternidad a cargo de la Seguridad Social, con lo que implícitamente excluye de la exención a estas últimas.
La prestación por maternidad percibida de la Seguridad Social tampoco encuentra ubicación en la LIRPF art.7.z, ya que este precepto hace referencia a las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquier Administración Pública, de forma que la prestación debe tener el calificativo de «familiar» y las prestaciones familiares que como tales satisface la Seguridad Social son las reguladas en la mencionada LGSS/94, título II, capítulo IX, entre las que, como se ha señalado, no se encuentra la prestación por maternidad.
De lo anterior, el TEAC concluye que el legislador ha delimitado el alcance de la exención de este tipo de prestaciones a cargo de la Seguridad Social con suma precisión, de forma que el principio de especialidad normativa, en cuya virtud la norma especial prevalece sobre la general, determina que al contener la LIRPF una expresa delimitación de las concretas prestaciones a cargo de la Seguridad Social exentas, no se pueda extender la exención de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social mas allá de sus estrictos términos, al amparo de supuestos de exención que el legislador establece para otras prestaciones públicas distintas.
La principal razón que, a juicio del TEAC, justifica el distinto trato tributario de las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social respecto de las prestaciones por maternidad satisfechas por los demás Entes Públicos obedece a la distinta naturaleza de las prestaciones. En este sentido, una interpretación finalista de la norma lleva a concluir que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la maternidad en sí misma considerada como una finalidad a proteger, sino la suspensión de la relación laboral que origina la situación de maternidad y que se da igual en los casos de maternidad y adopción que en los demás previstos en la norma para el cobro de otras prestaciones, como el acogimiento, la incapacidad temporal por accidente o enfermedad o el riesgo para el embarazo: el fundamento de la prestación es la suspensión del contrato de trabajo y no por la causa (la maternidad) que origina dicha suspensión.
En cambio, las prestaciones públicas por maternidad a cargo de otros entes distintos de la Seguridad Social, son meras liberalidades a favor del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha considerado que merece una especial protección.

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