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Prescripción acción de tutela de derechos fundamentales

La imprescriptibilidad de los derechos fundamentales no es óbice para que, para la protección de la seguridad jurídica, deba operar la prescripción de las acciones con las que se pretenda proteger la concreta y específica vulneración de tales derechos que se imputen a una determinada y singular actuación de una empresa (TS 13-7-15, EDJ 188352). Motivo por el que es de aplicación el plazo de prescripción de un año para el ejercicio de una de la acción formulada contra la actuación empresarial a la que un sindicato imputa, en su propio nombre e interés, la vulneración de lo derechos fundamentales de libertad sindical, huelga e igualdad (ET art.59).
En este contexto para determinar la fecha de inicio de tal plazo hay que estar a la regla general de que cuando no hay disposición especial que determine otra cosa, se cuenta desde el día en que pudo ejercitarse la acción que se pretende (CC art.1969 y ET art.59.2).
En el caso concreto, en que se ejercita una pretensión de compleja naturaleza en que, a priori, parece que se entremezclan cuestiones atinentes sólo al sindicato con otras que implican individualmente a varios de sus afiliados, hay que analizar la acción emprendida. La Sala IV considera que la demanda se interpone única y exclusivamente en nombre e interés del sindicato accionante, que no actúa por lo tanto en representación de los trabajadores despedidos (ex LRJS art.20) por haber participado en una huelga finalmente declarada legal.
Por tal motivo, finalmente se identifica como dies a quo: la fecha de notificación al sindicato demandante de la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la de la Audiencia Nacional que declaró la ilegalidad de la huelga. Fecha posterior a la de los propios despidos, frente a los que también pudo accionar. La acción del sindicato se entiende prescrita, pues no procede estar a la fecha de readmisión del último de los trabajadores que habían sido despedidos por su participación en la huelga declarada inicialmente ilegal en la sentencia revocada. En efecto, la prescripción no se interrumpió por las diferentes demandas de despido planteadas por los trabajadores afectado, pues se trata de acciones diferentes al margen de la acción colectiva cuya prescripción se analizaba. Los trabajadores despedidos y el sindicato no son acreedores solidarios en la responsabilidad exigible a la empresa medante el ejercicio de las diferentes acciones de despido formuladas por cada uno de los afectados a título individual.

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