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Posibilidad de recurso de suplicación en caso de extinción por sanción de la prestación de desempleo

La cuestión a resolver es la de determinar cuál es la regla que debe aplicarse para establecer si es recurrible en suplicación la sentencia dictada por el juzgado de lo social cuando el objeto del proceso es la resolución del SEPE, que en aplicación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social impone al beneficiario la sanción de extinción de la prestación de desempleo por comisión de una falta grave. En un caso en el que no se discute que la cuantificación económica del acto sancionador es de 14.658,30, por ser la cantidad a la que ascendería la prestación de desempleo que fue reconocida a la trabajadora y extinguida mediante la resolución contra la que se dirige la demanda.
El TSJ declara la inadmisibilidad del recurso de suplicación por entender que no es recurrible la sentencia de instancia en función de la cuantía del litigio, al considerar que el límite debe ser el de los 18.000 € previsto para los procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral (LRJS art.191.3.g). Por su parte, sostiene la recurrente, que al tratarse de una sanción impuesta en materia de prestaciones de Seguridad Social debe estarse al criterio general que permite la suplicación cuando la cuantía del litigio excede de 3.000 € (LRJS art.191.2.g).
El TS ya se ha manifestado en el sentido de entender que la impugnación de sanciones administrativas en materia de prestaciones de Seguridad Social se rige, a efectos del acceso al recurso de suplicación, por la norma general de los 3.000 €. Atendiendo a las siguientes conclusiones:
a) La extinción del derecho a la prestación no es subsumible en los supuestos legal y específicamente previstos de reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social.
b) No cabe extender el restrictivo ámbito limitador del acceso al recurso de suplicación más allá de los supuestos que literalmente en el mismo se contiene, esto es, a las sentencias dictadas en procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral, no de Seguridad Social.
c) Esa convicción se refuerza cuando se determina la cuantía del proceso, al afirmarse que la Ley distingue y regula, aunque sea a efectos de la determinación de la cuantía, los supuestos en los que se trata de impugnación de sanciones en materia de Seguridad Social, separados de los que se refieren a materia laboral.
d) No cabe considerar que la determinación de la cuantía en los pleitos que se refieren a la impugnación de actos administrativos dictados en materia sancionadora en el ámbito de la Seguridad Social se lleve a cabo por el importe anual de la prestación, pues existe una previsión específica en ese precepto, en el sentido de que cuando se pretenda la anulación de un acto, incluidos los de carácter sancionador, se ha de atender al contenido económico del mismo.
Así pues, no resulta aplicable la limitación de 18.000 € para el acceso a la suplicación, puesto que no estamos en presencia de la impugnación de un acto administrativo en materia laboral, sino de un acto administrativo en materia de Seguridad Social, lo que significa que en la ausencia de norma específica, deberemos acudir a las reglas generales de acceso a dicho recurso para saber si resulta procedente en este caso, esto es, aplicaremos el límite de 3.000 €. Y para la determinación de la cuantía en estos supuestos, hay que atender al singular contenido económico del acto sancionador, que debe quedar definido por la repercusión económica que comporta para el beneficiario la suspensión o extinción de la prestación, por ser la forma más adecuada de valorar su contenido económico en razón del gravamen que le supone la extinción del derecho, o en su caso la suspensión.

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