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Pensión de viudedad para pareja unida por el rito gitano

Los hechos enjuiciados son: unión por el rito gitano en 1974; convivencia en el mismo domicilio hasta la fallecimiento del varón en 27-4-2014; cinco hijos en común, en cuya inscripción en el Registro Civil figuran los padres como solteros o que el matrimonio de los padres no existe, y los hijos -según los casos- como naturales o extramatrimoniales; en el Libro de Familia constan los progenitores como solteros; y la demandante y el fallecido no figuran inscritos como pareja de hecho en ningún Registro público. En instancia se rechazó el derecho a pensión y en suplicación se revocó dicha sentencia reconociendo el derecho a la pensión de viudedad.
Considera el TS que la pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas de hecho con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho registradas cuando menos dos años antes (o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales) y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho a la pensión únicamente corresponde a las parejas de derecho y no a las genuinas parejas de hecho. El Libro de Familia es en verdad un documento público que certifica el matrimonio y la filiación (tanto matrimonial, como no matrimonial, como adoptiva), pero que no acredita la existencia de pareja de hecho, función totalmente ajena a la finalidad del Registro Civil.
Recoge también el TS que no es aplicable la sentencia del TEDH 8-12-09, porque contempla un supuesto previo a la L 40/2007 (que incluyó a la pareja de hecho como generadora de posibles prestaciones de viudedad), y se atribuye derecho a la pensión de viudedad a la supérstite de una unión celebrada por el rito gitano.
El TS discrepa de la aplicación de dicha sentencia al supuesto actual porque, en primer lugar, el núcleo central de la decisión del TEDH tiene como presupuesto la buena fe de la demandante y su comprensible confianza en los plenos efectos del matrimonio gitano determinada por la pertenencia de la contrayente a la comunidad gitana y, sobre todo, por el reconocimiento de la unión como matrimonio en determinados documentos oficiales. El presente caso es muy diverso al examinado por el TEDH, pues lo aducido no es -ni podía serlo- buena fe en la creencia de eficaz vínculo matrimonial a los efectos del derecho español, porque en la documentación oficial (Libro de Familia e inscripciones de nacimiento) se hace constar expresamente su cualidad de solteros e hijos extramatrimoniales. Es más, ni tan siquiera se reclama el derecho por el mismo título que en el supuesto del TEDH ya que en aquel caso se invocaba (dado que el fallecimiento había sido anterior a la L 40/2007) la existencia de matrimonio, y en el proceso ahora enjuiciado el título que se invoca es el de pareja de hecho.
Y no se puede equiparar la unión por el rito gitano a la inscripción registral o documentación pública de la pareja de hecho, que se exige para tener derecho a las prestaciones de viudedad. Por las siguientes razones:
– el requisito de inscripción o documentación pública de la pareja de hecho es naturaleza constitutiva;
– dicho requisito es neutral desde la perspectiva racial, al carecer por completo de cualquier tipo de connotación étnica;
– el principio de igualdad no consagra un derecho subjetivo al trato normativo desigual;
– admitir la solución pretendida en el presente caso comportaría hacer de peor condición a quienes por razones ideológicas -tan respetables como las culturales- no se han constituido como pareja de hecho en la forma legalmente prescrita, y a los que se les ha negado la prestación de viudedad;
– en último término, no cabe olvidar las múltiples minorías étnicas y culturales existentes en nuestro país, cuya posible vulnerabilidad, similar a la del colectivo gitano, ciertamente puede obligar a alguna interpretación normativa tendente a su protección conforme a los criterios del TEDH, pero no puede llegar al extremo de excepcionar la aplicación de la ley en los múltiples aspectos en que pudiera reflejarse su diversidad étnico-cultural (matrimonio; familia; comportamiento social…), so pena de comprometer gravemente la seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación de la ley.
Por todo ello, se revoca la sentencia que reconocía el derecho a la pensión de viudedad.
No obstante, la sentencia tiene voto particular en el sentido siguiente: cabe preguntarse si, pese a la neutralidad de la regla de la inscripción, ese colectivo puede verse particularmente afectado debido a las características de sus tradiciones, de suerte que se nos presente la ocasión de identificar situaciones de discriminación indirecta. Partiendo del fuerte arraigo de sus tradiciones y de la sólida estructuración de la comunidad gitana, intensamente ligada a la familia y al parentesco, cabe afirmar que, a partir de la unión de la pareja mediante el rito propio de su cultura -y acreditada indubitadamente la convivencia permanente desde ese momento hasta el fallecimiento del causante-, ninguna duda cabe que los convivientes gitanos sostienen la convicción de que su relación de pareja se desarrolla como si de un matrimonio se tratara, con independencia de la ineficacia jurídica de aquel rito. Por ello, exigir en estos casos que la existencia de la pareja de hecho se acredite por la inscripción del registro de parejas se torna claramente redundante y, por ende, innecesaria, en la medida en que para la pareja gitana la aceptación de la llamada ley gitana les convierte, a su entender y al del resto de la comunidad en la que desarrollan su vida, en una unidad matrimonial no cuestionada como tal y, si cabe, con más fuerza. De ahí que, mientras que la regla de la inscripción tiende a constatar la verdadera existencia de la pareja de hecho, la especial realidad fáctica de este grupo étnico ofrece mayores garantías de que esa situación de pareja existe mientras perdura la convivencia entre sus dos componentes, superando en estos casos el test necesario de satisfacción de la finalidad buscada por dicha norma. Es obvio que no cabe afirmar la inaplicabilidad de la norma a los ciudadanos gitanos, pero la interpretación conforme al respeto a las minorías étnicas sí permite flexibilizar su interpretación cuando se den las circunstancias que permitan afirmar que el mantenimiento de la convivencia ha sido real, efectivo y con indiscutible carácter de pareja unida maritalmente.

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