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Pensión de viudedad con derecho al 70% sobre la base reguladora y superación de ingresos límites en el año en curso

La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si la supresión del incremento al 70% de la pensión de viudedad, por la pérdida del requisito de rendimientos anuales por superar el límite legal establecido, debe producirse computando a tal efecto los ingresos del ejercicio anterior o los del año en el que se produce esa variación.
El incremento al 70% de la pensión de viudedad supone un superior porcentaje cuando dicha pensión sea la principal o única fuente de ingresos del pensionista, sin que superen una determinada cuantía y, además, tenga cargas familiares. Se define el concepto de cargas familiares así como los rendimientos a computar que se tomarán en el valor percibido en el ejercicio anterior a aquél en que deba aplicarse o mantenerse el porcentaje del 70%, debiendo excluirse los dejados de percibir, en su caso, como consecuencia del hecho causante de las prestaciones, así como aquéllos que se pruebe que no han de ser percibidos en el ejercicio corriente (RD 1465/2011). Es en este extremo en el que se plantea el debate.
A la vista de aquella reglamentación, cabe entender que para acordar la extinción del incremento al 70% de la pensión de viudedad deben tomarse como rendimientos computables los incrementos que modifican los ingresos del ejercicio anterior que permitieron acceder al derecho. Y ello por las siguientes razones:
a) Se han de considerar como ingresos los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales, en los mismos términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones, cuando para el acceso o el mantenimiento del derecho a prestaciones se exija, legal o reglamentariamente, la no superación de un determinado límite de ingresos.
b) En este supuesto, se está atendiendo a la situación del ejercicio corriente, al permitir que se descuente lo que al momento del hecho causante de la viudedad ya no se va a percibir. En otro caso, siendo ya beneficiario de la pensión de viudedad, en el porcentaje ordinario, si surgen aquellas cargas familiares o rendimientos por debajo del límite legal, el pensionista debe presentar la solicitud de incremento al 70% en el plazo de 30 días a contar desde la fecha en que concurran los requisitos, valorando la situación al momento de la solicitud para poder descontar lo que entonces se deja de percibir por el pensionista.
c) La extinción del derecho del incremento al 70% se va a producir cuando se dejen de reunir alguno de aquellas exigencias, fijándose en su lugar el porcentaje ordinario, con efectos desde el día 1 del mes siguiente a aquél en que se produzca esa variación, ya por no existir cargas familiares o por superar el nivel de rentas establecido. A tal fin y en el plazo de 30 días, a contar desde la fecha en que se produzca una causa que provoque la extinción del derecho al 70%, el pensionista está obligado a presentar ante la Entidad Gestora una comunicación debidamente acreditada de cuantas variaciones hubieran tenido lugar en su situación familiar o económica, que puedan acarrear dicha extinción.
d) Así como para examinar el reconocimiento del derecho se indica los ingresos que pueden ser descontados, aunque se hayan percibido en el ejercicio económico anterior de referencia, nada se dice expresamente en orden a cómo debe procederse para conocer si la variación al alza sufrida en los rendimientos del pensionista supera el nivel de rentas establecido o, lo que es lo mismo, a que espacio temporal ha de acudirse para el cálculo de aquéllos. No obstante, hay entender que los rendimientos anuales a computar deben estar integrados, lógicamente, con los nuevos ingresos que alteran la situación económica preexistente.
e) La propia naturaleza de los complementos por mínimos quedaría desvirtuada si se pudiera compatibilizar la percepción de aquellos con unas rentas altas en ese ejercicio y no en otro que los ingresos fueran exiguos, sólo porque el año anterior los ingresos hubieran sido superiores al límite establecido en la norma, dejando así desprotegidas situaciones de necesidad, lo que contraviene los principios rectores del Estado social.
f) Cuestión distinta es que se presuma que los ingresos del año en curso son, como mínimo, iguales a los del año anterior, dada la dificultad para conocer en el momento en que se realiza por la Entidad Gestora la revalorización anual y determinación de la cuantía de la pensión para cada año, el importe de rentas de devengo irregular a lo largo de todo el ejercicio.

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