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Nulidad de los actos ejecutados al amparo de una disposición general declarada nula

Anulado el Decreto por el que se aprobó el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía (D Andalucía 324/2009), el contribuyente plantea ante el TS la validez de los actos administrativos firmes (liquidaciones y sanciones) dictados durante su vigencia por las Coordinaciones Territoriales de la Agencia.
El obligado tributario, en aplicación del procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, alega que ha existido incompetencia originaria y manifiesta (LGT art.217.1.b), así como vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por la ocultación maliciosa que hace la Administración de la sentencia que anula el mencionado Decreto, e irregularidad del procedimiento (LGT art.217.1 a) y e)).
El TS, antes de entrar a analizar cada una de las alegaciones, recuerda que:
– la nulidad de las disposiciones de carácter general es siempre de pleno derecho y tiene efectos ex tunc, pero no conlleva la pérdida directa de los efectos de los actos firmes dictados en su aplicación (principio de seguridad jurídica);
– la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos dictados en aplicación de una disposición general nula exige la revisión de oficio;
– la aplicación del procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho es excepcional, al sacrificar la seguridad jurídica en beneficio de la legalidad, por lo que solo puede aplicarse en los casos tasados.
Por lo tanto, el TS concluye que la anulación del Decreto no conlleva automáticamente la nulidad de los actos firmes dictados durante su vigencia; cosa distinta es si los concretos actos cuya nulidad aboga la parte recurrente se encuentren inmersos en alguno de los motivos establecidos en la LGT sobre la declaración de nulidad de pleno derecho (LGT art.217):
a) En relación con la falta de competencia, se rechaza la alegación. La competencia del órgano que dicta el acto se reconoce directamente por la L Andalucía 23/2007, sin perjuicio de que su ejercicio se hiciera depender de la aprobación del Decreto anulado. Por lo tanto, siendo la causa de anulación del Decreto un motivo de forma, se descarta la incompetencia material manifiesta.
b) En relación con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la omisión esencial de los trámites del procedimiento administrativo, también se rechaza la alegación. Las sentencias son públicas y además en este caso, por su transcendencia, la misma fue objeto de divulgación en numerosos medios de comunicación, por lo tanto no cabe imputar a la Administración la indefensión del recurrente, cuando el dato que este considera esencial para su defensa podría haberlo conocido de emplear la diligencia debida.
Por todo ello, el TS desestima el recurso de casación.

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