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Nuevos beneficios fiscales en el ITP y AJD en materia de arrendamientos

Con efectos a partir del 19-12-2018, se establece una nueva exención aplicable a los arrendamientos de viviendas para uso estable y permanente establecidos en la LAU art.2, es decir, para los arrendamientos de vivienda -entendida como una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario-, incluyendo al mobiliario, trasteros, plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador.

NOTA
A estos efectos hay que tener en cuenta que se introducen otra serie de medidas que modifican la regulación de los contratos de arrendamientos de viviendas, resaltándose las siguientes:
– el marco legal por el que se rigen este tipo de contratos -voluntad de las partes en el marco previsto en el Título II de la LAU y, supletoriamente, CC- se ve modificado en el caso de viviendas con superficie superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual supera en 5,5 veces el SMI en cómputo anual y siempre que se arriende la totalidad de la vivienda -voluntad de las partes; en su defecto, Título II de la LAU y, supletoriamente, CC-.
– el plazo de duración inicial pese a ser pactado por las partes, puede ser prorrogado anualmente hasta alcanzar una duración mínima de cinco años, o siete años si el arrendador es persona jurídica (con anterioridad, tres años) -afectando este nuevo plazo a la prórroga de los contratos, el derecho de subrogación por fallecimiento del arrendatario, etc.-;
– en materia de actualización de la renta, se incluye un supuesto que afecta a los arrendamientos de renta reducida;
– en relación con las obras de mejora, se admite pacto entre arrendador y arrendatario para su realización durante la vigencia del contrato;
– en cuanto a los gastos, se prevé que los de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato sean a cargo del arrendador cuando sea persona jurídica, salvo que se haya celebrado por iniciativa directa del arrendatario;
– el derecho de tanteo y retracto puede ser en favor que designe la Administración competente en determinados supuestos; y
– en los contratos que no alcancen la duración mínima, la garantía adicional a la fianza legalmente establecida no va a poder exceder de dos mensualidades de renta (LAU art.4.2, 5.e, 9, 10, 16.4, 18.1, 19, 20.1 y 2, 25.7 y 36 redacc RDL 21/018 art.1).
Estas medidas son aplicables a los contratos de arrendamientos celebrados a partir de la entrada en vigor de este RDL; en cuanto a los contratos preexistentes, se han de regir por la legislación anterior salvo que se pacte adaptar el régimen jurídico a lo establecido en este RDL.

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